La diputada provincial Virginia Cornejo (PPS)- foto- expresó su preocupación por las manifestaciones del Poder Ejecutivo provincial en los considerandos del Decreto Nº 4591, del 31 de octubre último y publicado en el Boletín Oficial de la fecha. Dicho Decreto prorroga por el término de un año la Emergencia Económica declarada en el año 1990 y lo hace en carácter de Necesidad y Urgencia, mecanismo previsto en el artículo 145 de la Constitución Provincial para casos de excepción.
Dicho artículo dice que ‘en caso de estado de necesidad y urgencia, o que esté amenazado de una manera grave e inminente el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales, el Poder Ejecutivo, en acuerdo general de Ministros, y previa consulta oficial al Fiscal de Estado y a los Presidentes de ambas Cámaras Legislativas, puede dictar decretos sobre materias de competencia legislativa’.
En cuanto a la necesidad expresada de mantener la Emergencia Económica, la legisladora dijo que “no se entiende cómo por una parte se dice que la situación de la Provincia es inmejorable y por otra se admite que existe riesgo para la Administración si se levanta un régimen establecido en condiciones extraordinarias hace 21 años”. Agregó que “una situación de tanta incidencia para la ciudadanía debería ser debatida en el ámbito natural que prevé el sistema republicano, en el que están representadas las fuerzas políticas”.
La diputada Cornejo dijo que “esta medida pone en evidencia, una vez más, que el Poder Ejecutivo no tiene vocación de diálogo, no quiere debatir sobre el tema porque no tiene fundamentos valederos para mantener una emergencia que no es real. De lo contrario, debería admitir que subsiste el desorden administrativo, que hay una grave situación en las finanzas públicas, que hay riesgo de iliquidez. Se dice que hay equilibrio fiscal, que hay superávit, ¿cuál es entonces la razón para mantener la emergencia económica provincial?”
Para la legisladora de Propuesta Salteña, el Gobierno se escuda en la Emergencia Económica para eludir los juicios contra el Estado, pero al mismo tiempo no observa todas las restricciones que la Ley 6583 dispuso en materia de recorte de viáticos, viajes al exterior, gastos en ceremonial, cortesía y homenajes, publicidad oficial, contrataciones de personal, etc. “En lo único que se cumple la ley es en la elusión de los juicios contra el Estado, en lo demás hay un manejo discrecional y no se hace la debida rendición de cuentas en tiempo y forma”, manifestó la diputada Cornejo.
