En un caso casi sin precedente, el kirchnerismo lleva dos semanas penando para obtener las firmas necesarias para aprobar el dictamen que le permita llevar al recinto del Senado el proyecto de ley que aplicará impuestos internos y duplicará el IVA a los artículos electrónicos importados. La iniciativa se encuentra trabada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda debido a la resistencia de dos legisladores oficialistas a poner su rúbrica en el dictamen. Ellos son el jujeño Guillermo Jenefes y el chubutense Marcelo Guinle.
Además de mostrar el nivel de discrepancias internas con la Casa Rosada que subyacen en el bloque oficialista de la Cámara alta, esta rebelión podría traer serias implicancias políticas para el Gobierno, de cara a su política de alianzas parlamentarias.
Es que el proyecto, cuyo objetivo es incentivar la industria tecnológica en Tierra del Fuego, es una de las monedas de cambio con la que la administración de Cristina Kirchner pretende pagar la lealtad a las iniciativas oficialistas que vienen demostrando los senadores José Martínez y María Rosa Díaz (ambos ex ARI), de esa provincia austral. En este momento, y de cara al recambio del 10 de diciembre, estos votos aparecen como vitales para que el oficialismo retenga una cómoda mayoría en el Senado. Y si el proyecto no se sanciona (ya fue aprobado por la Cámara de Diputados) podrían variar de punto de vista.
Alternativa polémica
La situación se presenta complicada. Según calificados voceros oficialistas, el jujeño Jenefes ya anunció su negativa absoluta a apoyar el proyecto, por lo que no cuentan con su firma para aprobar el dictamen. Está molesto porque no hay iniciativas de incentivo industrial para su provincia.
La única chance que le queda ahora al bloque que conduce Miguel Pichetto es convencer al chubutense Guinle de que apoye el dictamen, aunque más no sea en disidencia parcial. Sin embargo, ni siquiera esa firma ayudaría al kirchnerismo, ya que el dictamen cuenta con seis avales y necesita ocho para poder alcanzar el estatus de despacho de mayoría.
Pero aquí podría entrar a tallar una polémica interpretación que desde el oficialismo ya se pretendió aplicar cuando se discutió la prórroga de la legislación delegada para atenuar la responsabilidad de la ex reutemanista Roxana Latorre (Santa Fe).
Según esa interpretación del reglamento, la firma de cualquier dictamen en minoría suma para alcanzar la "expresión" de al menos la mitad más uno de los miembros de una comisión (todas tienen 15).
En el caso del impuesto tecnológico, sería funcional a esa lectura el despacho firmado por el radical rionegrino Pablo Verani, que pasaría así a contar como la séptima rúbrica. Esto abriría la puerta a que si se suma Guinle se alcanzaría la octava firma.
El proyecto del oficialismo fija impuestos internos y eleva el IVA del 10,5 al 21% a un listado de productos electrónicos importados o producidos fuera de Tierra del Fuego, entre ellos, teléfonos celulares y cámaras de fotos digitales.
FUENTE: La Nación
