El Gobierno avanza en la privatización de cuatro centrales eléctricas y llama a concurso público

El Gobierno avanza en la privatización de cuatro centrales eléctricas y llama a un concurso público nacional e internacional para la venta del paquete accionario mayoritario de Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A, Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A, Cerros Colorados Hidroeléctrica S.A y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A en el marco de la ley Bases.

Por 180 días corridos, se llevará a cabo la transformación de estas empresas públicas en coordinación de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, para proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de estas sociedades. La noticia fue confirmada mediante el Decreto 895/2024 publicado en Boletín Oficial, con la firma de Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de economía, Luis Caputo.

Dentro del paquete accionario mayoritario que se pretende privatizar, se deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión y como mínimo los siguientes anexos:

Contrato de Concesión
perímetro y descripción
inventario
seguridad de presas, embalses y obras auxiliares
normas de manejo de aguas
guardias permanentes
protección del ambiente
seguros
obras y trabajos obligatorios.

Al mismo tiempo, se autorizó a la Secretaría de Energía, previa intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a efectuar cualquier gestión que se requiera para la transferencias a las sociedades de propiedad y/o el uso y goce de los bienes alcanzados, así como la transferencia del personal y los contratos que resulten indispensables y/o convenientes para el normal funcionamiento de los Complejos Hidroeléctricos y la generación de energía eléctrica. A su vez, Energía fijará las pautas del mencionado concurso y a elaborar y suscribir los documentos que sean menester para el perfeccionamiento de tal transferencia de acciones.

Hasta el momento, el paquete accionario de estas cuatro empresas son propiedades de ENARSA y NASA, en un 98% y un 2%, de manera “transitoria” hasta tanto se produzca la transferencia de dichos paquetes accionarios al sector privado a través de un concurso público nacional e internacional.

Se reglamentó la ley Bases y empezó el plan de privatizaciones del Gobierno

En esta primera etapa, la reglamentación se hizo efectiva a través del decreto 695/2024 publicado en el Boletín Oficial, a través del cual el Ejecutivo estableció la normativa vinculada al Título II, que contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.

De esta manera, se estableció que el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización.

Qué pasos se deberán seguir para privatizar empresas

Este documento tendrá que incluir los siguientes puntos: el carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento; las alternativas de procedimiento que se estimen adecuadas al caso; la o las modalidades de las enunciadas que se entiendan convenientes para materializar la privatización; el procedimiento de selección que se prevea utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización; y la eventual propuesta para el otorgamiento de las preferencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº23.696 y la aplicabilidad, en el caso que corresponda, de un Programa de Propiedad Participada, especificando las clases de sujetos adquirentes y proporción del capital accionario comprendido en el programa. Una copia de este informe será enviado a la Comisión Bicameral del Congreso.

Una vez que el Ejecutivo otorgue la autorización correspondiente, el funcionario podrá iniciar los procedimientos tendientes a la privatización. Luego de esto, el Gobierno precisó los pasos a seguir para convocar a las ofertas del sector privado.

“Previo a la formalización de los contratos que surjan de los procedimientos previstos en el presente Capítulo, la Autoridad de Aplicación deberá dar intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación en las actuaciones correspondientes”, aclara la normativa y agrega que en el caso de que la Procuración realice alguna observación o sugerencia al contrato deberá realizarse un nuevo informe.