La iniciativa avanzó con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Luego, la votación en particular fue por capítulos, con la intención oficial de proteger especialmente artículos puntuales como el que derogaba dos leyes de alto impacto y eliminaba la consideración de zonas frías en determinadas jurisdicciones.
El oficialismo consiguió la aprobación en general del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. No obstante, la alegría oficialista trocó por decepción poco más de una hora después. A las 0.19 de este jueves se inició la votación en particular, que tal cual se había votado al principio de la sesión, se hizo por capítulos (12 en total). Esa propuesta generó fuerte discordia, pues mereció insistentes reproches a lo largo de la jornada. Al punto tal que durante la votación en particular, antes de llegar al capítulo de la discordia, el XI, hubo una moción de reconsideración presentada por Nicolás del Caño, que fue rechazada (tuvo 115 votos a favor y 124 en contra ese pedido).
Es que durante toda la sesión sobrevoló la polémica en torno al Capítulo XI, donde se encontraba el artículo 75°, que derogaba las leyes de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Claramente la decisión oficial de votar por capítulos tenía por objeto “blindar” ese artículo en particular. Previsiblemente entonces la votación de ese capítulo atrajo toda la atención y terminó siendo votada cerca de la 1.30 de la madrugada. Sorpresivamente el capítulo completo fue rechazado por 115 votos a favor, 124 en contra y 2 abstenciones.
Registrado ese traspié, desde la propia oposición intentaron salir al rescate de algunos artículos “caídos” con el rechazo del Capítulo XI. Fue ahí que Nicolás Massot, del interbloque Unidos, propuso incorporar una serie de artículos correspondientes al dictamen de minoría de esa bancada, que incluían cuestiones tales como la eximición de derechos de importación del INVAP, presupuesto de la CONAE y la prórroga de la Ley de Energías Renovables.
Con los efectos del impacto negativo que el rechazo había generado en el seno del oficialismo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, optó poco antes de las 2 de la madrugada pasar a un cuarto intermedio para analizar las propuestas.
Sin embargo, al retornar media hora después, si bien parecía que se había aceptado la propuesta, tras un intento fallido de Germán Martínez por interpretar la situación, se pasó directamente a la votación del Capítulo XII, desechando cualquier alternativa para recuperar algo de lo que se había perdido.
En un último intento para garantizar más la protección de ese capítulo, antes de iniciar la votación en particular, el miembro informante de LLA, Bertie Benegas Lynch había comunicado la decisión de sumar al dictamen dos modificaciones. La primera de ellas refería a agregar un artículo relacionado a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del Capítulo XI sobre “Otras disposiciones” a continuación del artículo 78.
El Capítulo XI, uno de los más polémicos, incluye una incorporación al texto que La Libertad Avanza formalizó esta semana: el artículo 75 propone la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, votadas este año por el Congreso, vetadas posteriormente por el presidente Javier Milei e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos.
En el artículo siguiente, el oficialismo sumó que “los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la ANDIS, en forma conjunta, a propuesta del directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”.
“Para los casos en que dicha determinación no se efectúe dentro del período estipulado, los valores de los aranceles serán establecidos por el Ministerio de Salud tomando como referencia el Índice de precios al Consumidor (IPC)”, añade el texto, que busca apaciguar la propuesta de derogación de una ley sobre la que el Poder Ejecutivo acaba de sufrir un fallo judicial adverso.
En cuanto al presupuesto universitario fija una partida en $4,785 billones.
Por el contrario, los dictámenes alternativos de la oposición, tanto de Unión por la Patria como del interbloque Unidos, proponían incorporar estas dos leyes y la de Emergencia Pediátrica como parte del Presupuesto.
En tanto, el artículo 70 establece la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, de manera que los montos no queden atados a la movilidad previsional, sino que serán a discreción del Ejecutivo.
En cuanto a la Ley de Zonas Frías se elimina la ampliación de localidad y provincias votada en 2021, retrotrayendo el beneficio de los subsidios en las tarifas de gas únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna. Es el artículo 69.
Otro artículo que genera polémica en el dictamen de LLA es el 30: prevé la derogación de artículos de distintas leyes relacionadas a financiamiento en educación, ciencia y defensa.
En el dictamen, de 83 artículos, se prorroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovable y se incorpora un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026.
En una de las modificaciones sumadas a último momento, con el objetivo de garantizar el apoyo Pro, se incorporó la facultad al jefe de Gabinete para “efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables” para que Nación cumpla con el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la coparticipación adeudada por la quita de fondos al distrito durante la gestión de Alberto Fernández.
Por otra parte, obtuvo media sanción la norma conocida como “Ley de Principio de Inocencia fiscal”, orientada a “la incorporación de reformas sobre Procedimiento Tributario y al Régimen Penal Tributario, en el marco del proceso de reconstrucción de la Nación Argentina y frente a la asfixiante carga fiscal que recae sobre el sector formal de la economía”. La norma obtuvo 130 votos afirmativos, 107 negativos y 2 abstenciones. La norma será girada al Senado.
Pamela Calletti a la Auditoría
Cerca de las 3 de la madrugada, el oficialismo presentó sorpresivamente una moción para cubrir las vacantes correspondientes a la Cámara baja para la AGN, despertando la airada reacción de Cristian Ritondo.
Durante toda la sesión se especuló con la posibilidad de que el temario a tratar quedara incompleto, ante la posibilidad de que para el momento que se votara la “regla fiscal”, la Cámara fuera a quedarse sin quórum.
Pero lo que no se esperaba nadie era que cerca de las 3 de la madrugada el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, mocionara una propuesta de los nombres a designar como auditores generales de la Nación a Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti. La terna completa para cubrir las vacantes correspondientes a la Cámara de Diputados en la Auditoría General de la Nación.
El anuncio generó la inmediata reacción del jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien objetó la medida, alertando sobre una violación al artículo 65 de la Constitución nacional. “Es un vicio de incompetencia”, afirmó, adelantando que harían la denuncia correspondiente ante la justicia, porque “no se puede tratar. ¿En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara. Para esto no está citado el Congreso por el Ejecutivo”.
Se aprobó la moción con 186 votos afirmativos y 3 abstenciones.
Eran las 3.09 y se les tomó juramento a los nuevos auditores, con el detalle de que en el caso de la exdiputada Pamela Calletti, como no estaba presente, se habilitó una tanda de homenajes y cuestiones de privilegio hasta que la salteña llegara y pudiera jurar, cosa que hizo recién a las 4 menos cuarto de la madrugada.
