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Conflicto limítrofe con Catamarca afecta a empresas mineras

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La senadora nacional Sonia Escudero (Peronismo Federal) reclamó la creación de una comisión bicameral que dirima en el conflicto. La legisladora envió una nota al presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales solicitando el tratamiento de su proyecto. Algunas de las empresas que trabajan en la zona de conflicto son las empresas mineras Borax y Pacific Rim.

Por estos días, volvió a ser noticia la disputa por los límites territoriales entre las provincias de Salta y Catamarca. Diputados salteños denunciaron que Catamarca avanza sobre territorio provincial, con multas a empresas que operan en la Puna salteña. Por tal motivo, la senadora nacional Sonia Escudero (Peronismo Federal) recordó que desde 2009 impulsa un proyecto de ley para crear una comisión bicameral con el objeto de lograr por este medio una solución definitiva a la controversia.

“Es el Congreso de la Nación quien tiene la facultad de arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, puesto que así lo dispone la Carta Magna. Atento que el gobierno de Catamarca resolvió llevar el caso al fuero judicial, es necesario que sea el Parlamento -a través de los estudios y conclusiones que realice la Comisión Bicameral- el que resuelva este viejo litigio entre ambas provincias”, sostuvo la legisladora.

Cabe recordar, que el conflicto territorial se planteó en el borde fronterizo de los departamentos Los Andes (Salta) y Antofagasta de la Sierra (Catamarca), tras intereses que pujan por las riquezas minerales del Salar de Diablillos. Catamarca interpuso una demanda ante la Corte Suprema y ésta -aunque con disidencia del Juez Juan Carlos Maqueda- se declaró competente para dirimir el litigio.

La demanda elevada a la Corte se apoya en el decreto 9.375 de 1943 para sostener que Salta “avanzó sobre el territorio catamarqueño disponiendo de sus recursos naturales como si fueran propios”. El citado instrumento es el que dividió al Territorio Nacional de Los Andes en tres fracciones, sin respetar derechos posesorios de Salta preexistentes a la Gobernación creada en 1900. El paradójico decreto aún espera una ratificación del Congreso.


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