El sector minero pasó de apoyar los proyectos del oficialismo en el Senado, a expresarse en contra. El Gobierno concedió un aumento de las regalías de 3% al 5% para lograr dictámen de la Ley Bases, y le llovieron críticas de la industria minera. Le reprochan a Milei que mayor presión impositiva, significaría menos competitividad, menos inversiones y riesgos de viabilidad. La CAEM afirmó que todos los proyectos -incluidos los de litio en Salta- se verían afectados.
Especial para Dossierweb
En horas, el sector minero pasó de respaldar la Ley Bases y la reforma fiscal del gobierno de Javier Milei en el Senado, a recibir su dictamen favorable como un baldazo de agua fría, y en medio de una ola polar.
La imperiosa necesidad del oficialismo de lograr ‘acuerdos’ con los distintos sectores aliados y opositores, para lograr votos favorables para llevar el proyecto al recinto, hizo que el nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, concediera que las provincias podrían aumentar las regalías mineras de 3% a 5%.
Los cambios de última hora introducidos a la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, fueron bien recibidos en las Provincias. Les podría dar competitividad porque algunas podrían adherir al tope máximo y otras no subirlo, o subirlo moderadamente.
En cambio, para el sector minero está siendo un trago amargo que no estaba en los planes. No solo por el efecto de en las regalías y en el RIGI, sino porque ven que los incentivos a una industria como la minera, que invierte a largo plazo, fueron usados por el Gobierno como moneda de cambio para obtener apoyo político a la ley.
Las mineras hacen números, descontentos. Si prospera la iniciativa oficial, avizoran una suba de regalías que las perjudica, y modificaciones del RIGI que significarían mayor presión impositiva y hasta inviabilidad de los proyectos.
La modificación en la Ley de Inversiones Mineras comenzó a abrir dudas en un sector que en horas sintió en carne propia el efecto Milei; es decir, una política imprevisible, cambiante y contradictoria, entre otras descripciones.
La concesión que hizo abre un nuevo frente de conflicto del oficialismo, esta vez con un sector que hasta hace poco prometió inversiones en el país por US$25.000 millones hacia 2030 y triplicar la exportación anual a US$12.000 millones al año. Pero no esperaban este volantazo del Gobierno libertario.
En el otro extremo, hay un escenario sombrío. Algunos ven una paralización de la actividad minera por incrementos en pagos que las empresas no tienen relevados, ni informados a sus accionistas y bancos de inversión.
Aunque falta para el debate en el recinto que será el próximo miércoles 12 de junio, y todo puede pasar en este país, a las empresas mineras les preocupa el aumento de las regalías. Cambiar las reglas de juego, introduciendo una suba de impuestos, es una razón de peso para inquietar a las empresas.
Golpe a la confianza
En este marco, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) criticó en un comunicado, que “la suba de las regalías complicaría el escenario para competir por inversiones y vuelve a golpear la confianza de los inversores en el país”.
La entidad que conduce Roberto Cacciola, puntualizó que “nuestro país ya posee una carga tributaria mayor a la de aquellas naciones con las que competimos por las inversiones”, recalcando la alta presión impositiva que existe en Argentina, y que “el aumento de las regalías, lejos de transformarse en la solución inmediata que algunos imaginan para afrontar los problemas del actual contexto económico, podría generar el efecto contrario. Más impuestos, menos competitividad, menos inversiones”.
La cámara sostuvo que el aumento impactaría negativamente en todos los proyectos mineros, incluyendo a los de litio, tanto los que están en construcción como los que están en producción. Señaló la CAEM que tienen una “ventana de oportunidad que no acepta alteraciones en la seguridad jurídica”, y que “el impacto en el cambio de las reglas de juego significaría un desaliento para nuevas inversiones”.
La Argentina tiene una presión impositiva sobre la minería del 50,8%, una de las más altas del mundo, según un informe de la cámara. En Chile, esa presión es del 38,5%; en Perú de 44,3%; en Estados Unidos (Arizona) 35,2%; en Australia 36,1%; en Zambia 41%; y en Canadá 34,3%.
Los impuestos Ad Valorem reducen la vida estimada de los proyectos, haciéndolos inviables desde el punto de vista económico.
En el sector, ven que la jugada del oficialismo se aleja del sentido original de favorecer inversiones, sino lo contrario: en vez de hacer al país competitivo y con buenas condiciones de inversión, el aumento de impuestos vuelve a la Argentina un país más inviable.
Cambios que preocupan
En cuanto a las regalías mineras, la situación es más preocupante, afirman en el sector, y apuntan al senador santacruceño José María Carambia, quien anticipó a través de una nota que presentaría un dictamen propio si no se accedía a un pedido puntual: subir del 3% al 15% las regalías provinciales máximas en boca de mina del mineral extraído.
Francos reconoció que el tope del 15% era un pedido excesivo, pero tuvo que ceder ante la necesidad de la firma del patagónico, aliado del gobernador y dirigente gremial petrolero, Claudio Vidal. Así, a último momento, el Gobierno nacional rechazó el 15% y accedió a modificar la ley minera y establecer que las provincias no podrán cobrar un porcentaje superior al 5%.
Los cambios al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones darían autonomía a las Provincias para definir si deciden adherirse o no al RIGI; que los proveedores con mercadería importada deban facturar; y que los inversores deben presentar un plan de desarrollo de proveedores locales y una estimación del empleo local que contratarán.
También propone el fomento al desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI, que todavía garantiza 30 años de estabilidad fiscal y cambiaria.
La idea es que una empresa extranjera que decida invertir en Argentina, no importe maquinarias o equipos o bienes, en tanto haya una oferta local competitiva. Así, se busca dar respuesta a un reclamo de los empresarios locales encabezados por la UIA y otras entidades industriales.
Por caso, las empresas que quieran proponer un proyecto de inversión bajo el nuevo régimen deberán presentar a la autoridad competente un estudio técnico que determine que su actividad “no distorsionará el mercado local”.
Además el grupo o empresa beneficiada deberá presentar un estimativo de puestos de empleos directos e indirectos con integración local estimada y un plan de desarrollo de proveedores locales.
