Los trabajadores que no hayan recibido al menos una dosis de algunas de las vacunas contra el covid aprobadas en la Argentina no podrán ocupar su puesto de trabajo y, como consecuencia, tampoco cobrarán sus haberes.
Ayer, durante la habitual reunión de Junta Directiva, la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) tomó esta resolución conforme a la reapertura de actividades y la mayor capacidad que comienza a ofrecer el transporte público.
“La posibilidad del trabajo remoto, e incluso la chance de no trabajar pero cobrar de todos modos, se dio por una cuestión excepcional. En ese momento no existían las vacunas. Hoy sí, por lo que entendemos que hay un mecanismo para combatir la enfermedad”, sostuvo durante un encuentro con la prensa el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.
En este sentido, la idea de los industriales es no permitir a quienes se encuentren en esos grupos cumplir con sus funciones, por lo que tampoco cobrarán.
“Cesará la dispensa para no trabajar”, dijo el directivo, al tiempo que afirmó que “nadie puede ser obligado a vacunarse, como tampoco nadie nos puede obligar a nosotros a reinsertarlos en un medio laboral, en cuidado de toda la comunidad de la empresa”, continuó.
Por el momento, la UIA no mantuvo un diálogo sobre este tema con la CGT, aunque sí con el Ministerio de Trabajo, según Funes de Rioja.
En este sentido, por el momento los empresarios no saldrán a buscar un apoyo explícito por parte de esa cartera -de modo de lograr una suerte de respaldo político y oficial a su determinación-, aunque sí se sabe que Trabajo analiza la posibilidad de reglamentar de algún modo esta suerte de permiso para trabajar.
De hecho, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dejó entrever el fin de semana pasado en declaraciones al programa “Toma y Daca” (AM750), que se está analizando la posibilidad de lanzar alguna norma que vaya en este sentido, también como una forma de marcar una diferencia entre quienes se vacunaron y quienes no lo hicieron.
Para tomar esta determinación, la UIA afirma que tomó como base la experiencia internacional que se dio para la vuelta al trabajo con cierta normalidad, con la apertura de las plantas solo para vacunados.
Lo que no hizo la UIA es meterse con el futuro de ese empleado. Si bien sí se acordó la “recomendación” de exigir el carnet de vacunación, nada se habló respecto de la continuidad de quienes no estén vacunados.
Cada empresa será la que deba tomar las determinaciones que crea convenientes en cada caso. Tanto en este punto como en la determinación de no pagar salarios se abre una fuerte posibilidad a la judicialización de las diferentes situaciones que se vayan planteando.
Funes de Rioja eligió no meterse de lleno en este tema, y se refirió a “una cuestión de conciencia y buena fe que rige también el derecho”, y sumó que “en la Argentina todo se puede judicializar. La UIA no impone nada pero a nadie se le puede ocurrir cobrar sin trabajar. Lo deseable sería que no se judicialice”.
Autores: MATIAS BONELLI Y PATRICIA VALLI
Medio: El Cronista
