El estudio, realizado a pedido y con la colaboración de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), fue presentado por el economista y director de la consultora, Dante Sica.
El aporte total de la minería al Sector Público en 2010 fue de $ 5.600 millones. De dicha suma, $ 4.750 millones fueron aportados por la vía fiscal (impuestos), mientras que los restantes $ 850 millones fueron destinados a entes públicos y fondos fiduciarios. Este monto representó una presión del 52% del PBI sectorial y del 24% del valor bruto de producción.
En cuanto a la distribución de estos recursos entre los distintos niveles de gobierno (previo a la coparticipación federal), $ 4.340 millones se dirigieron a las arcas del Estado Nacional y $ 1.260 millones a los Estados Provinciales y sus organismos. Si se considera la redistribución del impuesto a las ganancias, la participación de las provincias asciende del 22% al 42%.
El aporte fiscal de la minería al Estado Nacional consistió en $ 2.200 millones en Impuesto a las Ganancias (52%), $ 1.180 millones en Derechos de Exportación (28%), $ 680 millones en Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (16%) y $ 140 millones en Impuesto al Valor Agregado (3%).
En cuanto a las Provincias, los aportes directos por la vía fiscal –predominantemente en regalías ($ 400 millones) y, en menor medida, en II.BB. y cánones- sumaron $ 550 millones. Los otros aportes de la minería consistieron en la distribución de utilidades de entes públicos (YMAD, FOMICRUZ) y transferencias a fideicomisos por $ 710 millones (un 56% del aporte total). Del estudio se desprende que la minería constituye una fuente de financiamiento propio crucial para las principales provincias mineras, especialmente Catamarca y San Juan.
Según señala el informe, el aporte fiscal nacional de la minería ha ido en aumento durante el último quinquenio. Ello se debió no sólo al crecimiento de la producción sectorial y al auge de los precios sino también a un aumento de la presión tributaria, resultante de la extensión de los derechos de exportación a partir de 2007 a las empresas que se encontraban exentas por la estabilidad fiscal de la Ley de Inversiones Mineras. La misma pasó de un promedio del 31% del valor agregado minero en los años 2006-2007 a un récord del 40,6% en 2010.
Actualmente, son pocas las actividades productivas en Argentina que tienen una carga tributaria superior a la de la minería. La presión fiscal sobre el sector es comparable con la que afecta al complejo automotriz y dos puntos superior a la del sector textil. En comparación internacional, la presión fiscal sobre la minería en Argentina en relación a su PBI se ubica por encima de países con larga tradición minera como Chile (minería privada), Perú y Canadá.
El estudio destaca que, siguiendo la tendencia internacional a incrementar la carga fiscal sobre el sector en el contexto de auge de los precios de los metales, la Argentina reformó su régimen tributario mediante la aplicación de los derechos de exportación en 2007.
La aplicación de un impuesto sobre el valor de las ventas (externas) en lugar del margen operativo marcó una diferencia respecto de la experiencia de los principales países mineros. Al impactar las retenciones directamente sobre el precio de venta, el esquema tributario resultante aumentó su regresividad en función al margen operativo (la carga efectiva es mayor en los ejercicios de menor rentabilidad) y hoy presenta una mayor rigidez al ciclo económico que en otros países. Ello podría implicar una desventaja en términos de competitividad ante una eventual reversión del ciclo de precios internacionales.
FUENTE: abeceb.com
