Cuatro días después de asumir, Alberto Fernández derogó el monto de retenciones de $ 4 por dólar y estableció un nuevo esquema de derechos de exportación. Así entró en vigencia una alícuota del 12% para el maíz, el trigo, la cebada y el girasol, entre otros granos. En tanto, para la soja y sus subproductos el impuesto final asciende desde entonces al 30%, aunque la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva facultó luego al presidente a aumentar tres puntos porcentuales más a estas retenciones, de manera que podría llevarlas al 15% y el 33%, respectivamente.
Estas nuevas reglas les causan dolores de cabeza a los integrantes de la Mesa de Enlace NOA-NEA, que se sentarán a negociar con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, el martes 7.
“Este aumento de retenciones dejan al NOA y al NEA fuera de juego, los números van a ser negativos”, protestó el presidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), Osvaldo Martín. “Se está produciendo una tensión en todo el país porque las retenciones, en el contexto actual de precios internacionales, no dejan margen de rentabilidad”, advirtió.
De hecho, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, estimó que el decreto del 14 de diciembre le costará al campo U$S 1.800 millones. “La medida tendrá un fuerte impacto negativo en los márgenes de cada productor, especialmente en los de aquellos con largas distancias a puerto y en los de zonas más difíciles, con creciente impacto de sequía”, presagió en diálogo con la agencia de noticias Télam.
Ayer, el presidente de la Sociedad Rural, Sebastián Murga, coincidió con estos planteos: “rechazamos las retenciones porque hacen inviable el negocio, le generan pérdidas al productor”.
Sin embargo, el titular de la delegación tucumana de la Federación Agraria Argentina, Miguel Pérez, llamó la atención sobre la necesidad de que los productores sean realistas. “Hay algunos sectores que piden retención cero, pero nosotros entendemos que eso es imposible -razonó-. El Gobierno de Eduardo Duhalde las reimplantó en 2002 y desde entonces han continuado. Consecuentemente, lo que nosotros pedimos es un tratamiento diferente para los sectores de las economías ‘extra pampeanas’, porque es muy difícil producir a 1.000 kilómetros del puerto”, explicó.
Sin margen rentable
Eugenio Irazuegui, de la corredora de granos Zeni, analizó en un artículo publicado en zeni.com.ar que el cambio en los derechos de exportación implica un alza de 5,3%. “Por ejemplo, el precio de la soja cotiza actualmente en U$S 372 por tonelada. U$S 111,60 quedan en aduana en concepto de retenciones, contra los U$S 91,89 que tributaba el esquema anterior”, contrastó.
El tipo de cambio al que se liquida hoy la venta de granos se ubica en torno a $ 59,61. En consecuencia, por cada dólar exportado el productor cobra $ 41,73, que es el resultado de descontar el 30% de impuesto al tipo de cambio vigente. “Más allá de que el pago es realizado por la firma exportadora, la carga impositiva recae totalmente sobre el productor agropecuario en el precio final -escribió Irazuegui-. El impuesto no contempla los costos de producción del bien afectado, que en estos casos hacen referencia a gastos de siembra, insumos, semillas, fertilizantes, combustibles, comercialización, etcétera”.
Este analista se refirió también a las inclemencias climáticas a las que está expuesta la actividad agropecuaria. “Una explotación agrícola que sufre un episodio de sequía y reduce el rendimiento a un nivel inferior al presupuestado en la planificación de campaña puede llevar a pérdidas económicas. Con el impuesto se agrava la situación del productor en cuestión, ya que no grava la ganancia sino el monto de la facturación”, advirtió.
El problema se torna todavía más complicado en el Noroeste, donde los rindes son menores que en la zona núcleo del país. Si este año se cosecharan 2.450 kilos de soja por hectárea, el margen bruto sería negativo en U$S 105 por hectárea, de acuerdo con cálculos de Apronor. En la otra vereda, la principal beneficiaria del aumento de las retenciones será la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses): la Ley de Solidaridad destina el 67% del valor incremental de los derechos de exportación al financiamiento de los programas a su cargo.
Fuente: lagacetasalta.com.ar
