Durante más de tres décadas, sus locales fueron una referencia para comprar zapatillas, ropa y accesorios de las principales marcas deportivas, especialmente en Belgrano y distintos puntos del conurbano bonaerense. Pero el negocio que logró construir una extensa red comercial terminó golpeado por la caída de las ventas, las deudas con proveedores y los problemas para sostener su estructura. Ahora, Mega Sports se encuentra en concurso preventivo de acreedores a través de dos sociedades que acumulan pasivos por más de $20.800 millones, en medio de un conflicto con trabajadores por despidos y pagos pendientes.
La cadena, que comenzó a operar en 1994 y comercializa productos de marcas como Adidas, Puma, Topper, Fila y Reebok, pertenece a la familia Gacio. Su actividad se desarrolla a través de Sport’s Life S.A. y Carjul S.A., dos empresas controladas por las hermanas Carolina Verónica y Juliana Gacio, que comparten proveedores, depósito, logística, dirección comercial y parte de su estructura administrativa.
En las presentaciones concursales, ambas compañías reconocieron que las ventas cayeron de manera sostenida entre 2023 y 2026, mientras que los costos de alquileres, salarios e impuestos siguieron aumentando. En ese contexto, Topper Argentina aparece identificada como el principal acreedor comercial de las dos sociedades, que solicitaron tramitar sus concursos de manera conjunta.
La empresa opera bajo tres formatos comerciales, Mega Sports, Factory Deportivo y Shopping Deportivo, con locales ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del Gran Buenos Aires. Su expansión estuvo vinculada tanto con los principales corredores comerciales como con centros de compras y zonas de gran circulación de público.
Sin embargo, el crecimiento que había sostenido durante años comenzó a revertirse. En los últimos meses, la cadena redujo su estructura y quedó envuelta en un conflicto laboral. Durante septiembre, trabajadores denunciaron despidos y reclamaron el pago de indemnizaciones, liquidaciones finales, salarios y otros conceptos pendientes. Si bien trascendieron estimaciones de hasta 150 desvinculaciones, las presentaciones concursales no precisan la cantidad de despidos. La red comercial también se achicó: de más de 50 puntos de venta en sus mejores años, actualmente contaría con menos de 20 locales.
Detrás de la cadena se encuentran dos sociedades con trayectorias diferentes. Carjul fue constituida en diciembre de 1992 y Sport’s Life en mayo de 2002, aunque ambas desarrollan su actividad de manera integrada. Carolina Verónica Gacio ejerce la presidencia de las dos compañías y comparte el capital accionario en partes iguales con Juliana Gacio.
El 12 de junio de 2026, las empresas solicitaron la apertura de sus concursos preventivos. Finalmente, el 18 de septiembre, el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 4, a cargo de Juan Pedro Giudici, dispuso la apertura de ambos procesos y su tramitación conjunta, por considerar acreditada la vinculación económica y operativa entre las sociedades.
Mega Sports: de la caída de ventas a una deuda millonaria
Los números presentados ante la Justicia permiten dimensionar la crisis. Según los estados de activos y pasivos al 31 de mayo de 2026, Sport’s Life declaró deudas por $13.729 millones, mientras que Carjul registró otros $7.110 millones.
Buena parte de esos compromisos corresponde a proveedores. Sport’s Life registró $5.691 millones en cuentas a pagar y Carjul otros $3.666 millones. Entre los acreedores comerciales se destaca Topper Argentina S.A., que las propias empresas identificaron como el proveedor con el mayor crédito en ambas nóminas concursales.
A las deudas comerciales se suman compromisos con bancos y organismos fiscales. Entre las dos sociedades contabilizaban aproximadamente $5.866 millones en obligaciones fiscales y otros $3.575 millones en deudas financieras.
La situación patrimonial era particularmente delicada en Sport’s Life, que declaró activos por $12.072 millones frente a pasivos por $13.729 millones, lo que dejó un patrimonio neto negativo de $1.657 millones. Carjul, por su parte, registró activos por $8.219 millones y un patrimonio neto positivo de $1.109 millones, aunque también enfrentaba dificultades para afrontar sus obligaciones corrientes.
Pero ¿qué llevó a una cadena con más de 30 años de actividad a esta situación? En los escritos presentados ante el juzgado, las empresas atribuyeron su crisis principalmente a una “contracción estructural y sostenida de la demanda en el rubro indumentaria y calzado deportivo”, que, según explicaron, se extendió durante el período 2023-2026.
Los informes incorporados a los expedientes muestran que las ventas de Sport’s Life, medidas en pesos constantes por el índice general de inflación, cayeron 39,5% entre 2023 y 2025. En el caso de Carjul, el retroceso acumulado alcanzó el 48,3% durante el mismo período.
Las compañías sostuvieron que esa caída no pudo compensarse con una reducción equivalente de los costos. Los alquileres, salarios, cargas fiscales y precios de los proveedores siguieron aumentando, mientras que los precios al público quedaron condicionados por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.
En ese contexto, describieron un “deterioro progresivo y acumulativo de la ecuación económica de cada local”, que primero les impidió generar excedentes y luego las obligó a recurrir al endeudamiento para sostener el capital de trabajo.
La situación terminó afectando el cumplimiento de las obligaciones con proveedores, locadores y el fisco. Según las propias empresas, el punto de quiebre se produjo el 18 de mayo de 2025, cuando no pudieron afrontar cuotas de planes de facilidades de pago ante el organismo recaudador.
Sport’s Life identificó obligaciones vinculadas con esos planes por $2.042 millones y Carjul por otros $970 millones. La caída de los acuerdos fiscales profundizó las dificultades financieras y terminó de comprometer la capacidad de pago de ambas sociedades.
En sus escritos judiciales, las compañías rechazaron que la situación respondiera a “una gestión empresarial deficiente ni a circunstancias aisladas o transitorias” y señalaron que la presentación concursal busca reorganizar las deudas y preservar la continuidad del negocio.
Los balances anteriores al concurso muestran que el deterioro ya se reflejaba en los resultados de las compañías. Sport’s Life facturó $19.338 millones en 2024, frente a los $25.822 millones del ejercicio anterior, una caída del 25,1% según las cifras comparativas de sus estados contables. La ganancia también se redujo considerablemente: pasó de $4.165 millones a $1.092 millones.
En Carjul, el balance cerrado en marzo de 2025 registró ventas por $19.053 millones, frente a los $25.121 millones del ejercicio anterior, una disminución del 24,2%. Los números muestran que las dificultades comerciales comenzaron a reflejarse en las cuentas de ambas empresas antes de que dejaran de cumplir sus compromisos fiscales.
Despidos, reclamos laborales y el futuro de la cadena
El deterioro financiero también tuvo consecuencias sobre los trabajadores. Durante septiembre, exempleados de Mega Sports denunciaron despidos y reclamaron indemnizaciones, salarios, aguinaldos, vacaciones y liquidaciones finales pendientes.
Según la nómina de personal presentada ante la Justicia, Sport’s Life declaró 142 empleados en relación de dependencia al momento de solicitar el concurso preventivo. El listado incluye trabajadores con más de 20 años de antigüedad y corresponde únicamente a esa sociedad.
Los estados patrimoniales de mayo muestran que Sport’s Life registraba $1.005 millones en remuneraciones y cargas sociales por pagar, mientras que Carjul contabilizaba otros $440 millones. En conjunto, ambas sociedades acumulaban alrededor de $1.444 millones en ese rubro, que comprende distintas obligaciones laborales y previsionales.
Además, a los problemas comerciales y laborales se sumaron los conflictos con el organismo recaudador. En el expediente de Sport’s Life se informaron ejecuciones fiscales y embargos sobre fondos bancarios, medidas que la compañía buscó levantar al considerar que comprometían la continuidad de sus operaciones.
Con la apertura de los concursos, la Justicia puso en marcha el proceso de verificación de créditos. Los acreedores tendrán plazo hasta el 23 de febrero de 2027 para presentar sus pedidos ante la sindicatura, a cargo del Estudio Villoldo y Casal.
El período de exclusividad para que las empresas negocien un acuerdo con sus acreedores vencerá el 18 de noviembre de 2027.
El caso de Mega Sports se suma al de otras empresas que atraviesan dificultades por la caída del consumo y el aumento de los costos. Después de más de 30 años de actividad, una extensa red de sucursales y cientos de trabajadores a lo largo de su historia, la cadena busca ahora reordenar sus deudas para sostener el negocio.
