Arrancó el cese de comercialización que se realizará hasta el jueves. En la Mesa de Enlace se mantienen las diferencias, pero priorizan la “unidad” frente al paro. Qué implicará la suba de retenciones La reestructuración de la deuda entra en un plano de definiciones. El Gobierno nacional analiza varias estrategias. Por la multiplicidad de acreedores se requerirán varias etapas de negociaciones.
1.- Paro hasta el jueves
Desde el primer minuto de hoy arrancó el cese de la comercialización de granos, instrumentado por la Mesa de Enlace. El paro, que se extenderá hasta el jueves, prevé jornadas de movilizaciones a la vera de las rutas en todo el territorio nacional, ante la decisión de la gestión del presidente Alberto Fernández de subir tres puntos porcentuales a las retenciones de la soja. La Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria Argentina expresaron que no se cortarán los caminos, como tampoco habrá desabastecimiento de productos perecederos. Asimismo, las entidades organizadoras de la medida de fuerza indicaron que no se prevé que haya alzas de precios durante el cese de comercialización con destino a la industria y a la exportación. “Es una manera de hacer escuchar el largo reclamo, ya que con esta carga tributaria no podemos producir y, de persistir esta situación, el futuro de la familia agropecuaria se verá muy comprometido”, indicaron desde la Mesa de Enlace.
2.- Las razones
Según las entidades del campo, existe rechazo entre los productores a la decisión del Gobierno nacional de elevad los niveles de derechos de exportación al 33%, con alrededor de 15.000 representantes del agro que lo tributarán y un 77% de la actividad que no será alcanzado por esa tasa. En diciembre pasado, tras la asunción como presidente de Alberto Fernández, el Poder Ejecutivo Nacional había elevado la alícuota de la retención para la soja del 24,7% al 30%. En aquella oportunidad también se reajustó del 6,7% al 12% la retención que se les practica al maíz y al trigo. En las negociaciones posteriores entre la Nación y la Mesa de Enlace se acordó que las economías regionales bajaran del 9% al 5% el impuesto a la exportación. Sin embargo, hay productores que consideran que el régimen todavía no está del todo firme, ya que hay compromisos de devolución impositiva, vía compensación. A criterio de los manifestantes, esto resta competividad a la actividad agrícola oleaginosa.
3.- Diferencias internas
El cese por cuatro días de la comercialización es resistido por algunas regionales de Federación Agraria Argentina (FAA) -que decidió dar a sus afiliados libertad de acción- y por entidades representativas de las economías regionales. Sin embargo, el titular de FAA, Carlos Achetoni, reafirmó el apoyo de esa entidad a la medida de fuerza, con el fin de “mantener la unidad” aunque advirtió que no permitirán “una escalada” del conflicto, ya que puede costarle caro al sector en el futuro. “Creo que hay que darles chances a los productores (que necesitan expresarse) y acompañar a todos aquellos que se están sintiendo desplazados en estos momentos”, indicó. Achetoni dejó en claro que los derechos de exportación constituyen “impuestos distorsivos” que requieren se sustituidos por otro progresivo, que distinga entre un productor pequeño de otro mediano y grande.
4.- Reacciones
Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de los Camioneros, consideró que es lamentable el paro del campo y advirtió que ese sindicato protegerá a sus afiliados. “Le pedimos al campo que lleve adelante su reclamo, pero que no joda a los trabajadores que están manejando en la ruta”, lanzó el sindicalista que consideró a la medida de fuerza como política, “alentada por la oposición”. En tanto, la economista y titular de la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, indicó que el paro convocado por la Mesa de Enlace es un “lockout patronal” que expresa “la mirada de una minoría privilegiada” y que deja al descubierto “la falta de solidaridad” con los pequeños productores agropecuarios, que “se verán beneficiados” por la medida adoptada por el gobierno.
5.- Estimaciones
El aumento de las retenciones a la soja y la continuidad de las restricciones cambiarias, con un dólar oficial cotizando cerca de un 22% debajo del nivel del paralelo, implica la aplicación de un derecho de exportación efectivo del 48% en lugar del 33% oficial, de acuerdo con las estimaciones de la consultora Invecq. Para los casos del trigo y del maíz ocurre algo similar, llevando la retención del 12% a un valor superior al 30%. En su reporte semanal, advirtió que si el gobierno no repara en ello podría dañar “al sector aportante de divisas por excelencia en la economía argentina”. La brecha entre el dólar oficial y el paralelo representa un “efecto extra” que “genera una divergencia entre el precio internacional y el recibido por el productor que excede a la alícuota de las retenciones oficiales”, destaca la entidad en su último informe, en el que señala que esa diferencia actúa “como si existiera una alícuota efectiva de retención mayor”. “El gobierno, antes de cumplir sus 100 días en funciones ya ha abierto un frente duro de batalla. Más allá de las cuestiones políticas que puedan alegarse al respecto, lo cierto es que las condiciones internacionales e internas para el sector agroindustrial ya nos son las mismas que en los primeros años del gobierno de Cristina Fernández. No reparar en ello podría hacerle cometer un grave error al gobierno dañando al sector aportante de divisas por excelencia en la economía argentina”. indica el diagnóstico.
6.- Otros efectos
El reclamo de los productores responde a una situación más global, indica el informe de Invecq, al que accedió LA GACETA. Al mismo tiempo que se incrementa el peso de los derechos de exportación sobre los principales productos del sector, no se establece una fecha de eliminación clara como hasta el año pasado. advierte el informe privado. Según la ley llevada al Congreso por el gobierno de Cambiemos, en 2018, las retenciones serían eliminadas (excepto para la soja) el 31 de diciembre de 2020. “Hoy, en cambio, no hay ninguna fecha de caducidad establecida”, expresa. En simultáneo, la suspensión del Consenso Fiscal con las provincias abortó el proceso de reducción de alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos que, para el sector agropecuario, deberían haber llegado al 0% en este año. Complementariamente, los controles cambiarios y la brecha existente entre el dólar oficial, al que no se puede acceder libremente para atesoramiento, y el paralelo o Contado con Liquidación (CCL) genera una pérdida adicional para aquellos productores que desean mantener sus ingresos en moneda dura. sostiene. “Por si esto fuera poco, dado el complejo escenario internacional, los precios de mercado están en retroceso desde hace al menos dos meses y las perspectivas no lucen alentadoras”, finaliza Invecq.
Fuente: lagacetasalta.com.ar
