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Productores bananeros suman respaldo para revisar la flexibilización de los controles sanitarios

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El Gobierno de Salta, junto a Jujuy, ratificó que mantendrá las barreras fitosanitarias mientras solicita a Nación revisar la Resolución 114/2026 del SENASA. En paralelo, el Senado provincial aprobó dos declaraciones en defensa de la producción bananera y del estatus sanitario de la región.

La preocupación por el futuro de la producción bananera del norte argentino continúa creciendo. Tras la publicación de la Resolución N° 114/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que modifica el régimen fitosanitario para el ingreso de bananas importadas a Salta, Jujuy, Formosa y Misiones, el Gobierno salteño ratificó que mantendrá los controles sanitarios provinciales y pidió a la Nación revisar la medida.

El gobernador Gustavo Sáenz aseguró que la decisión nacional fue adoptada sin el debido consenso con las provincias productoras y advirtió que podría comprometer años de trabajo destinados a preservar el estatus fitosanitario de la región.

“Ante una decisión inconsulta que pone en riesgo a nuestra economía regional, tomamos la decisión de mantener los controles necesarios para cuidar la producción y minimizar riesgos sanitarios”, sostuvo el mandatario, quien además garantizó que se implementarán todas las medidas necesarias para proteger a los productores.

En ese sentido, Salta y Jujuy conformaron una posición común frente al Gobierno nacional y solicitaron una revisión de la normativa. A instancias del Ministerio de Producción y Minería, se desarrolló una reunión técnica con autoridades de la Secretaría de Agricultura, SENASA, INTA y representantes del sector bananero para analizar el alcance de la resolución y sus posibles consecuencias sobre la actividad.

Durante el encuentro, los representantes de la producción manifestaron su preocupación por el eventual ingreso de enfermedades cuarentenarias, entre ellas el Fusarium Raza Tropical 4 (TR4), considerada una de las mayores amenazas para la producción bananera a nivel mundial. También reclamaron fortalecer los controles sobre el ingreso irregular de material vegetal.

Como resultado de esa reunión, se acordó elaborar un documento técnico conjunto entre Nación, las provincias productoras y el sector privado, con el objetivo de aportar evidencia científica para una eventual revisión de la resolución y resguardar la sanidad vegetal.

El Senado expresó su respaldo a los productores

En ese contexto, el Senado de Salta también se pronunció en defensa de la producción bananera provincial al aprobar dos proyectos de declaración que acompañan el reclamo del sector.

El primero, impulsado por los senadores Juan Cruz Curá y Enrique Cornejo, expresa su profunda preocupación por la Resolución 114/2026 del SENASA al considerar que elimina una herramienta sanitaria que durante más de tres décadas protegió a la producción bananera del norte argentino frente al ingreso de enfermedades cuarentenarias.

La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo Nacional revisar la resolución bajo el principio precautorio y promover una instancia de diálogo con los gobiernos provinciales, los productores, el INTA, el SENASA y los organismos técnicos competentes, garantizando que cualquier modificación del régimen fitosanitario se base en evidencia científica y contemple el impacto sobre las economías regionales.

El segundo proyecto, presentado por los senadores Gonzalo Caro, Esteban D’Andrea, Sergio Saldaño, Enrique Cornejo, Diego Cari, Walter Cruz y Leonor Minetti, manifiesta el acompañamiento del cuerpo para que los legisladores nacionales por Salta impulsen gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional y el SENASA con el fin de adoptar medidas fitosanitarias preventivas que garanticen la sanidad vegetal frente al ingreso de bananas provenientes del exterior.

Con estos pronunciamientos, tanto el Gobierno provincial como el Senado salteño reforzaron el respaldo institucional al reclamo de los productores, quienes consideran prioritario preservar el estatus fitosanitario alcanzado por la región y evitar que la flexibilización de los controles ponga en riesgo una de las principales economías regionales del norte argentino.

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