En el Congreso de la Nación se están llevando adelante diferentes medidas vinculadas a la vivienda, su acceso, créditos y por sobre todo la modificación de la Ley de Alquileres; en ese contexto la multisectorial de la construcción e industria de Salta emitió un comunicado respecto al impuesto a la vivienda ociosa y fue lapidario.
Desde ese organismo se comunicaron con Dossier Web y explicaron que se vieron obligados a sentar postura luego de que el proyecto de ley al Impuesto a la Vivienda Ociosa, Expte. N°4410-D-2018, presentado por el diputado Nacional Juan Facundo Moyano, en fecha 16 de julio de 2018, sea nuevamente impulsado. “Volvemos a manifestar nuestro rechazo absoluto por las graves consecuencias económicas que habrá en el sector si se aplica”, resaltaron.
Explicaron que el objeto de imponer un impuesto a la vivienda ociosa, supuestamente es el de buscar promover una mayor oferta de inmuebles en alquiler; sin embargo “consideramos que la medida, en caso de aprobarse, será además de inconstitucional, improductiva, perjudicando notoriamente el empleo no sólo de los profesionales sino principalmente de toda la mano de obra que se ocupa en el sector de la construcción, y por ende a todas las industrias y comercios perjudicando en forma directa a gran parte del sector que pretende beneficiarse con este impuesto”.
De avanzar con la medida e implementar el impuesto esto traerá como consecuencia un inevitable e ineludiblemente detrimento de toda la industria de la construcción, “viéndose involucrados y afectados no solo los que trabajan en forma directa en las obras, sino también todos los empleados asociados a distintos gremios que de forma directa e indirecta tienen relación con la construcción, en virtud de la abrupta caída en la oferta y demanda, con el consecuente detrimento en el empleo de la construcción”.
“Las medidas que se analizan están lejos de buscar una solución, por el contrario, perjudican al sector”, aseguraron.
Desde la multisectorial fueron más allá y consideraron que el “impuesto se traduce en una penalización injusta a los propietarios de inmuebles, además de los fines meramente recaudatorios que, en última instancia, posee dicha medida; derivando en una baja en la inversión en la construcción de viviendas y por ello una menor oferta y consecuentemente un grave perjuicio para todo el sector de la construcción”.
Recordaron que en Argentina y Salta hay una grave crisis habitacional donde cada vez son más las familias que se ven imposibilitadas de acceder a la casa propia. “Entendemos que existe la necesidad de generar incentivos para volcar las propiedades al mercado y por ello deberían promoverse incentivos que tiendan al incremento de la oferta de viviendas en alquiler, sin embargo, bajo ningún concepto compartimos que la vía para lograr este objetivo sea la penalización al propietario”.
Fueron honestos en reconocer la grave problemática actual que existe en torno a los alquileres, pero consideraron que esta radica en la deficiente legislación que contempla la Ley de alquileres N° 27.551; donde pidieron que sea revea la misma a fin de otorgar certezas al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino, en vez de perjudicar en forma directa a otro sector, en este caso el de la construcción, para salvar los escollos existentes en la ley de alquileres.
La multisectorial está integrada por Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (COPAIPA), Colegio de Arquitectos de Salta (CAS), Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (CUCIS), Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Prof. Afines, Federación Argentina de Colegios Profesionales y Entidades de Técnicos (FACPET), Federación Argentina de la Ingeniería Civil (FADIC), Federación Argentina de la Ingeniería Especializada (FADIE) y la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), UOCRA, Cámara Salteña de la Construcción.
