Es que según explican desde las prepagas, el retroceso de las cuotas implicará también una marcha atrás con las actualizaciones que habían concedido a sus prestadores, que al mismo tiempo otorgaron incrementos salariales en función de los ingresos previstos. Todo esto debería ahora calcularse de acuerdo a la nueva realidad, es decir, los valores de diciembre ajustados por inflación.
¿Aceptarían los trabajadores un recorte nominal de sus salarios? Parece difícil. Lo que se observa en el caso de la salud es lo que sucede en tantos otros rubros. Una descoordinación entre costos, precios e ingresos de los consumidores que se da por la falta de voluntad del Gobierno de ordenar el cambio de régimen que implica el giro político que dio Argentina en las últimas elecciones.
“El sistema marcha a una desfinanciación”, dice el titular de una de las empresas más representativas, que al mismo tiempo indica que los costos de la crisis los volverán a pagar los usuarios vía escasez de turnos y el cobro ilegal de copagos por parte de profesionales, cosa que se hizo habitual desde el año pasado pero había empezado a encauzarse.
Uno de los eslabones más sensibles de la cadena es el de los sanatorios y clínicas que tienen como principal cliente a las prepagas. En el sector aseguran que hay entre 500 y 600 que están al borde de la quiebra y que el nuevo retroceso en los precios junto con la suba de costos por encima de la inflación: electricidad, gas, combustible, medicamentos, entre otros, podría configurar un golpe terminal.
Justamente ese es uno de los puntos más cuestionados por parte de las empresas. Dicen que en caso de elaborarse un índice para establecer un tope en los aumentos debería estar vinculado a los costos del sector y no al IPC. Eso involucraría una convocatoria más amplia para revisar también el accionar de los laboratorios y los prestadores. “Congelan abajo y aguas arriba no hacen nada”, cuestionan las fuentes consultadas.
Sobre la acusación de cartelización, que fue primero lanzada por la Coalición Cívica que conduce Elisa Carrió y luego validada por el gobierno de Javier Milei, las empresas aseguran que el problema radica en que todas están obligadas a cubrir el mismo Plan Médico Obligatorio, también por decisión del Ejecutivo. Por tanto, la oferta tiende a ser homogénea. En ese sentido, piden que el Gobierno habilite una desregulación, pero no solo de precios, sino en la oferta de servicios.
Fuente: Ámbito
