Son cada vez más los factores que presagian la nulidad del Decreto 2.067 que fijó el cargo en las facturas de gas de hogares de consumos medios y altos para afrontar el pago de las importaciones del producto.
En el Parlamento, donde el tema sería tratado mañana en comisión con la presencia del presidente del Enargas, Antonio Pronsato, trascendió que el decreto viola la Ley 26.095 que habilitó al Ejecutivo para fijar cargos específicos en tarifas de gas y electricidad destinados a obras de infraestructura. Esa norma no contempla la posibilidad de un cargo para pagar importaciones.
El cargo que representa más de la mitad de la factura de invierno en los hogares alcanzados, ya está frenado en numerosos distritos por medidas cautelares de la Justicia que obligan a las distribuidoras a refacturar sin el adicional fijado por el Decreto 2.067. En esa situación están Mar del Plata, Avellaneda, Pilar, Escobar, Salta, Jujuy, Tucumán, Santa Cruz, Chubut y distritos importantes de Neuquén y Río Negro.
En el Congreso, la nulidad del decreto está siendo impulsada por legisladores de la oposición y del justicialismo no kirchnerista. Por ahora, no se ven condiciones inmediatas para que una iniciativa sobre el tema logre tratarse sobre tablas (sin dictamen previo de comisión), para lo que se necesita la aprobación de dos tercios de los legisladores presentes (en cada Cámara) y después la mayoría simple para derogar la norma del Gobierno.
Amenaza
No obstante, la presión es cada vez mayor y el oficialismo se ve amenazado por los cuestionamientos legales que plantea el decreto. Además de violar la ley de cargos específicos, la norma implica la creación de un impuesto, atribución que no puede ejercer el Ejecutivo, porque es propia del Congreso.
Entre los proyectos para derogar la medida y el cargo, hay uno de la diputada Silvana Giudici, de la UCR, junto con otros legisladores de esa fuerza, en el que se afirma que el aumento «es abusivo, ilegal y arbitrario, porque fue dispuesto mediante decreto, cuando quien tiene la facultad de crear e imponer tributos es el Congreso».
El proyecto también indica que de acuerdo con la ley de marco regulatorio del gas, todo aumento debe ser aprobado por el Enargas, previa realización de audiencias públicas, y éstas no se hicieron.
Por su parte, la senadora justicialista Sonia Escudero, que abandonó el bloque del oficialismo en el último año, también presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto 2.067. La iniciativa encomienda al Ejecutivo que en 90 días presente al Congreso «un proyecto integral de inversiones, régimen de abastecimiento y nuevo esquema tarifario para el servicio público de gas natural, respetando los principios de eficiencia del servicio, y equidad y proporcionalidad de las tarifas».
Según Escudero, «el incremento no se origina en la renegociación de los contratos, sino en la falta de producción nacional, que obliga a importar a precios más altos».
Tras señalar que «durante varios años, el Estado decidió subsidiar las tarifas en forma directa e indirecta», Escudero concluyó que «deberían adoptarse medidas que reconozcan los intereses de todos los sujetos involucrados (petroleras, transportistas y distribuidoras).
Fuente: Ambitoweb
