El presidente Javier Milei recibe al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en una reunión que tendrá como telón de fondo las diferencias abiertas entre Buenos Aires y Washington por la cuestión Malvinas. Aunque en Balcarce 50 descartan que el contrapunto comprometa la relación bilateral, los planteos de la administración de Donald Trump impactan sobre dos frentes sensibles para la diplomacia argentina, la defensa de los recursos naturales en el Atlántico Sur y los ámbitos internacionales en los que el país sostiene su reclamo de soberanía.
La visita del funcionario estadounidense se produce después de que reconociera públicamente el interés de Washington por las consecuencias que podría tener, de aprobarse, la ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre compañías de ese país vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas. En el Gobierno relativizaron esas declaraciones y destacaron que Landau también manifestó respeto por el proceso legislativo. La lectura oficial es que Estados Unidos expresó una preocupación esperable por sus empresas, sin plantear formalmente un condicionamiento a la iniciativa.
El proyecto impulsado por Milei apunta a reforzar las herramientas legales para actuar contra quienes participen en la explotación de recursos que la Argentina considera ilegítima en Malvinas. Sin embargo, la discusión parlamentaria permanece trabada por las objeciones de la oposición y de sectores aliados a distintos artículos de la propuesta. El oficialismo ya aceptó revisar partes del texto para acercar posiciones, en particular las referidas al alcance de las sanciones, las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional y los mecanismos de control sobre las inversiones extranjeras.
Milei convirtió la defensa de la soberanía en una de las banderas de su gestión, pero por otra parte, el Ejecutivo busca preservar el vínculo privilegiado con Trump. En ese marco, el Gobierno intenta evitar que las diferencias sobre Malvinas se conviertan en un conflicto diplomático de mayor alcance.
Otra controversia de los últimos días surgió a partir de la iniciativa estadounidense para eliminar el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el órgano en el que Argentina sostiene buena parte de su reclamo internacional por las islas. La administración libertaria se abstuvo en la votación y ratificó que considera conveniente mantener ese espacio, pese a la postura de Washington. En Balcarce 50 sostienen que la diferencia no altera el alineamiento con Estados Unidos y que la decisión argentina respondió a una evaluación propia sobre los instrumentos disponibles para defender sus intereses.
El canciller Pablo Quirno defendió esa posición y remarcó que el reclamo de soberanía no está sujeto a negociación. Desde el Gobierno también argumentan que la eventual desaparición del comité no modifica los fundamentos jurídicos de la reivindicación argentina. Sin embargo, su continuidad tiene un valor diplomático concreto, porque ofrece un ámbito multilateral en el que la Argentina puede insistir en la necesidad de reanudar las negociaciones con el Reino Unido.
La tensión aparece en un momento en el que el oficialismo procura avanzar con el proyecto de soberanía en el Congreso, aunque todavía debe resolver diferencias con bloques que podrían acompañar parte de la iniciativa, pero rechazan otros artículos. La demora en la firma del dictamen expuso las dificultades para transformar el anuncio presidencial en una mayoría parlamentaria. El Gobierno se comprometió a introducir cambios y trabaja para llevar la discusión al recinto en las próximas semanas, sin una fecha definitiva confirmada.
En paralelo, en Cancillería siguen de cerca la vía jurídica internacional vinculada con la explotación de hidrocarburos en el área de Malvinas. Fuentes diplomáticas consultadas por este medio advirtieron que el camino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede prolongarse durante años y que las posibilidades de obtener una respuesta favorable dependerán, en buena medida, de cómo se presente el caso.
Según esa evaluación, si el planteo queda encuadrado principalmente como una controversia sobre soberanía territorial, el tribunal podría declararse incompetente para intervenir. En cambio, una presentación centrada en la defensa de los recursos naturales y las obligaciones aplicables en el ámbito del derecho del mar podría ofrecer algún margen para que se examine el reclamo.
La mesa política, atravesada por diferencias sobre la estrategia electoral
Las diferencias con Washington se inscriben, además, en un contexto de discusiones dentro del propio Gobierno sobre la construcción de acuerdos políticos y el rumbo económico. En la última reunión de la mesa política, los funcionarios debatieron la velocidad de las negociaciones con gobernadores y aliados, la posibilidad de impulsar medidas para mejorar la actividad y el margen para acompañar proyectos legislativos con impacto fiscal.
Patricia Bullrich, quien se viene desmarcando del Ejecutivo, cuestionó ante Martín Menem las señales que el titular de Diputados había enviado a los mandatarios provinciales, mientras Karina Milei habilitó a Diego Santilli a acelerar las conversaciones con el PRO, la UCR y las provincias.
En paralelo, los ex funcionarios PRO plantearon la necesidad de mejorar los ingresos y el nivel de actividad, una posición que choca con la resistencia de Milei y Luis Caputo a adoptar medidas que puedan comprometer el equilibrio fiscal. Las votaciones en Diputados sobre discapacidad y la restitución de la ley de Tierras sumaron otro foco de tensión, al mostrar que el oficialismo está dispuesto a aceptar cambios y acuerdos que meses atrás parecían difíciles de habilitar.
Las concesiones realizadas en el Congreso, incluida la negociación sobre discapacidad, dejaron expuestas las tensiones entre quienes priorizan ampliar las mayorías y quienes advierten sobre los costos de apartarse del programa económico. Ese escenario condiciona la capacidad del gobierno para sostener una agenda legislativa ambiciosa mientras intenta preservar la confianza de los mercados y el respaldo de sus aliados. La visita de Landau es una nueva instancia para medir hasta dónde pueden convivir esas diferencias con el acercamiento político entre ambos gobiernos.
