El secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, señaló que la administración Macri “va a seguir utilizando la criminalización de la protesta”. “Ya que firmó varios decretos, Macri podría firmar uno donde se prohíban los despidos en las empresas”, reclamó.
El secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, afirmó hoy que el 2016 será un año de “diálogo” con el gobierno de Mauricio Macri, pero también de “conflicto” con eje en temas salariales y protestas callejeras.
En declaraciones a radio Nacional Rock, el dirigente fue consultado sobre la represión de días atrás a trabajadores de la empresa Cresta Roja que cortaban los accesos al aeropuerto internacional de Ezeiza.
“Tengo la impresión de que había una decisión de desalojar. Es una metodología que el Gobierno ya viene anunciando. El problema no se resuelve con protocolo de protesta, es perder el tiempo. Hay que discutir en serio”, exigió.
Según Micheli, la administración Macri “va a seguir utilizando la criminalización de la protesta”.
“Ya que firmó varios decretos, Macri podría firmar uno donde se prohíban los despidos en las empresas”, reclamó.
Para el referente de la CTA Autónoma, el 2016 “va a ser un año donde va a haber diálogo pero también conflicto. Si quieren subir las tarifas se va a exigir que se suba el salario mínimo, vital y móvil”, planteó.
Ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el protocolo que impulsa el Gobierno para regular las protestas sociales y al que aludió Micheli se acordará con “consenso de todos” los distritos.
Se buscará, dijo la funcionaria, “una manera distinta de hacer visibles los conflictos que no sea el corte o la obstrucción total de los caminos y rutas”.
Bullrich indicó que el protocolo que presentará el macrismo “va a ser un consenso de todos”, al remarcar que buscaba que ese conjunto de medidas “no sea solamente del Ministerio de Seguridad sino de todos los ministerios de Seguridad del país”.
“Es un tema que tenemos que abordar entre todos y así creo que va salir”, dijo y remarcó que “es tan importante que no estén cortadas las rutas en Jujuy, Salta, Tierra del Fuego o Santa Cruz como en la Ciudad de Buenos Aires”.
La funcionaria apostó por “buscar una manera distinta de hacer visibles los conflictos que existen, que no sea por el corte o la obstrucción total de los caminos y las rutas”.
En ese sentido, señaló que el objetivo es “plantear un cambio de paradigma” en materia de regulación de las protestas, al apuntar que se busca que “no haya cientos de miles de ciudadanos que todos los días llegan tarde a su trabajo, pierden turno del médico o llevan los chicos tarde a la escuela porque la Ciudad, la provincia de Buenos Aires o Córdoba son un caos”.
Las declaraciones de Bullrich se produjeron luego del violento desalojo que sufrieron los trabajadores de la empresa Rasic Hermanos, comercializadora de la marca Cresta Roja, en la autopista Ricchieri, donde habían interrumpido el tránsito en reclamo del sostenimiento de sus fuentes de trabajo.
El martes último, los trabajadores decidieron levantar el bloqueo que mantuvieron durante una semana a metros del aeropuerto internacional de Ezeiza, luego de que se conociera un fallo judicial que decretó la quiebra de la empresa y se estableciera la liberación de los activistas detenidos durante los incidentes de ese mismo día con la Gendarmería.
Los trabajadores, que reclaman el pago de sueldos adeudados y el sostenimiento de las fuentes de empleo, fueron reprimidos por efectivos de Gendarmería con disparos de balas de goma y carros hidrantes para desalojar la autopista, una medida que según el Gobierno se realizó en cumplimiento de una orden judicial.
Los choques más graves se produjeron cuando grupos de trabajadores apostados a los costados de la autovía respondieron con piedras, botellas y otros objetos contundentes contra las fuerzas de seguridad.
