La informalidad laboral constituye uno de los mayores desafíos estructurales del mercado de trabajo argentino. Según el último informe de Argendata, un sitio de datos sobre el país desarrollado por la organización Fundar y curado por el analista Daniel Schteingart, el 36% de los asalariados desarrolla tareas en condición informal. Cuando se suman los trabajadores independientes, el porcentaje asciende al 42%, lo que equivale a casi 9 millones de personas en situación de empleo informal sobre un total de 21,1 millones de ocupados.
El informe resalta que la definición de informalidad se vincula a quienes trabajan sin contrato y quedan excluidos de derechos básicos como la seguridad social o el seguro de salud. Entre los asalariados, es habitual medir la informalidad verificando si los empleadores efectúan o no los aportes a la seguridad social. Para los independientes, la formalidad se determina si cuentan con sociedad registrada y/o realizan sus propios aportes previsionales, como a través del monotributo o régimen de autónomos.
En la Argentina, 8,8 millones de personas trabajan en la informalidad según los resultados publicados por Argendata. La mayor parte, 5,5 millones, corresponde a asalariados, mientras que los 3,3 millones restantes son trabajadores no asalariados. De esta manera, más del 60% de los trabajadores informales corresponde a asalariados a los que sus empleadores no les efectúan aportes a la seguridad social. Un caso típico es el de una empleada doméstica no registrada. Entre los trabajadores no asalariados, el ejemplo paradigmático es el de vendedores ambulantes, feriantes o albañiles que trabajan por cuenta propia pero no realizan aportes a través del monotributo.
El 36% de los asalariados y el 57% de los independientes desarrolla su actividad en la informalidad, aunque dentro de los trabajadores independientes existen dos realidades diferenciadas: entre los cuentapropistas, el 62% es informal, mientras que entre los patrones (dueños de empresas, usualmente pequeñas), la incidencia desciende a menos del 20%.
El sector económico muestra grandes disparidades en materia de informalidad. El sector público presenta registros bajos —menos del 10%—, mientras que en el sector privado la cifra se acerca al 50%. Pero dentro del sector privado, las diferencias son notorias: rubros como el petróleo, la minería o las finanzas registran informalidad inferior al 15%, mientras que en el sector agropecuario, la gastronomía, el servicio doméstico y la construcción la incidencia supera el 60%.
La distribución geográfica también marca profundas desigualdades. Las nueve de las doce provincias con mayor informalidad asalariada pertenecen al Norte Grande. En provincias como Salta, Santiago del Estero y Tucumán, más de la mitad de los asalariados trabaja en condiciones informales. En el extremo opuesto, las provincias patagónicas —Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén— junto con la Ciudad de Buenos Aires muestran niveles por debajo del 30%, e incluso, en algunos casos como Tierra del Fuego y Santa Cruz, la informalidad asalariada cae por debajo del 20%.
Según la publicación de Argendata, estos datos refieren solo a asalariados ya que el Indec recién comenzó a recolectar y publicar información sobre informalidad en el segmento no asalariado a finales de 2024. Hasta ese momento, la principal fuente de información, la Encuesta de Hogares con cobertura ampliada, solo contemplaba los asalariados en su medición.
La diferencia regional se relaciona directamente con factores económicos, como el Producto Bruto Interno per cápita y la densidad empresarial, combinados con la estructura productiva y el poder adquisitivo de la población. Las provincias del Norte Grande presentan bajo nivel de desarrollo, escasez de sociedades registradas y concentración en actividades de alta informalidad, como el agro, lo que contribuye a la expansión de prácticas informales tanto en el empleo como en el consumo. En contraste, la Patagonia y la Ciudad de Buenos Aires gozan de mayor formalización debido a la presencia de grandes empresas en sus economías y a una mayor especialización en servicios de calificación, especialmente los profesionales y financieros.
El informe de Argendata identificó una tendencia al aumento de la informalidad en el mercado laboral argentino a lo largo de las últimas cuatro décadas. En 2024, la informalidad asalariada alcanzó el 36%, 9 puntos por encima del registro de mediados de los años 80. El análisis histórico del fenómeno permitió identificar cuatro etapas. Entre 1986 y 2003, la informalidad subió del 26,9% al 49,4%. Este incremento coincidió con el proceso de desindustrialización iniciado años atrás, que implicó la destrucción progresiva del entramado productivo tradicional argentino. Durante los años 90, mientras la economía expandía su volumen, la informalidad siguió avanzando, acompañada por la pérdida de eficacia de los organismos reguladores. Ministerio de Trabajo y, más adelante, la AFIP perdieron capacidad de fiscalización y promoción de la formalización.
La segunda etapa se inició tras la crisis de la Convertibilidad y el fuerte repunte económico posterior. Esta reactivación, junto a la reintroducción de convenios colectivos y el fortalecimiento institucional, impulsó una reducción de la informalidad desde 2003 hasta 2011. En el período 2011-2015, la baja continuó, aunque con menor velocidad y explicada en buena parte por el aumento de empleo público.
El tercer ciclo comenzó en 2015, con un nuevo ascenso de la informalidad asalariada, pero de menor magnitud que en los años previos. Entre 2015 y 2024, la informalidad creció del 32,6% al 36%. La única caída significativa en una década se observó en 2020, en respuesta a las restricciones de movilidad decretadas durante la pandemia. Sacando ese episodio excepcional, el estancamiento económico desde 2011 explica la suba reciente. El empleo formal privado se mantuvo sin expansión durante el período. De acuerdo con un estudio del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, un 1% de crecimiento en el PIB redundaba en aproximadamente 50.000 puestos de trabajo formales. El empleo informal y el trabajo no asalariado crecieron frecuentemente incluso en ciclos recesivos, salvo durante la pandemia.
El informe también resaltó que la Argentina presenta actualmente una informalidad menor al promedio regional, pero mayor a la de varios vecinos. La tasa de informalidad entre asalariados es del 36,2%, seis puntos por debajo del promedio de América Latina (42,6%). Aún así, la informalidad local resulta sensiblemente más alta que en Uruguay (9,6%), Chile (14,8%) y Brasil (23,6%), pero inferior a la de países como Bolivia, Perú, Paraguay, México y Guatemala. Uruguay y Chile, entre los países más ricos de la región, lograron tasas de informalidad mucho más reducidas. Los países centroamericanos, con menores niveles de ingreso per cápita, exhiben informalidad muy superior a la de la Argentina.
La presión tributaria sobre el trabajo constituye un factor relevante en el nivel de informalidad en la Argentina, encareciendo la contratación formal. El sistema normativo genera costos ligados a aportes y contribuciones sociales que difieren ampliamente entre los países de la región. En los estados donde las reglas son más flexibles y los costos menores, la formalización crece más rápido, aunque a costa de una menor recaudación formal para financiar los sistemas de protección social.
La evolución de la informalidad durante la última década revela que, mientras en la Argentina el porcentaje aumentó dos puntos desde 2011 (subió del 34% al 36%), la mayoría de los países de la región mostró reducciones notables o, en algunos casos, incrementos de menor magnitud. Solo en Brasil y Perú se detectaron subas similares pero menos pronunciadas. El estancamiento argentino encuentra explicación en el freno del crecimiento económico: en 2023, el PIB per cápita estuvo un 8% por debajo del nivel de 2011.
El estudio de Argendata remarcó que la calidad y dirección del crecimiento —junto con la solidez de las instituciones laborales— son factores que inciden sobre los niveles de formalidad laboral. El caso argentino en los años 90 y el de Perú más recientemente muestran que, si bien el crecimiento resulta necesario, por sí solo no alcanza para reducir la informalidad
Fuente: Infobae
