El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), presentó oficialmente los resultados del estudio de Inseguridad Alimentaria en Argentina que se realizó tras un relevamiento en diferentes provincias.
Su director nacional Isaac Rudnik compartió con Dossier Web los datos obtenidos y sus conclusiones, el estudio busca brindar lineamientos para hallar soluciones a la falta de derechos de las familias en los barrios populares que involucran al estado pero que junto al sector privado podrían sanearse.
El nuevo indicador permitió analizar más dimensiones como alimentación, salud, trabajo, vivienda, educación, entorno, infraestructura y conectividad. Durante los meses de julio y agosto se desplegó este monitoreo de carácter nacional en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se logró entrevistar a 31.525 referentes de hogares de familias que asisten a comedores y merenderos de barrios populares; lo que da una idea de la importancia y masividad alcanzada por el IFAD.
Las personas respondientes fueron casi universalmente mujeres, en consonancia con la premisa de ser responsables de la alimentación en los hogares, lo cual confirma que las tareas de cuidado están casi excluyentemente sostenidas por las mujeres. Asimismo, en relación con la edad, mayoritariamente 8 de cada diez mujeres tienen entre 25 y 50 años.
En relación con el tamaño de los hogares relevados, estos tienen un promedio de 4.8 miembros, en coincidencia con datos del INDEC para hogares con niños y el relevamiento abarcó a 79.063 niños y adolescentes, lo cual arroja un promedio de 2.5 niños por hogar.
Cuando se realizó el relevamiento la Canasta Básica Total costaba $125.978 y la Canasta Básica de Alimentos $55.734, teniendo en cuenta esta información, se evidenció que casi el 100% de los hogares relevados contaba con ingresos debajo de la línea de pobreza y al menos 2 de cada 3 hogares tenía ingresos eran por debajo de la línea de indigencia; es decir el 65,5,% de los hogares tienen ingresos inferiores a los $45.000.
Entre otro de los datos a resaltar, que surgen del IFAD es que, en relación a los Programas de Transferencias de Ingresos del Estado Nacional, 9 de cada 10 hogares reciben alguno y en promedio cada hogar recibe 1.5 programas.
Al momento de la medición, sólo el 17% de los hogares tenía acceso a un empleo registrado mientras que el 83%, (26222 hogares), no tenía integrantes con empleo registrado, es decir no cuentan con los aportes a la seguridad social y jubilación.
El IFAD arrojó otros datos contundentes, 7 de cada 10 hogares (el 70%) se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. Al respecto, se debe tener en consideración que la inseguridad alimentaria ocurre cuando las personas ven disminuida su capacidad de acceso a los alimentos; operativamente, se define como “la reducción de las porciones y/o supresión involuntaria de comidas en el hogar” y en este sentido, un 64,3% de las familias relevadas han tenido que reducir la cantidad de porciones durante las comidas por falta de dinero y el 62,8% ha tenido que suprimir una de las 4 comidas diarias.
En cuanto a las privaciones recientes de alimentos en el último mes, el 70% de las familias entrevistadas refiere en términos generales haberse privado de consumir carnes, verduras, frutas, cereales o legumbres por falta de dinero.
El poder adquisitivo de las familias entrevistadas destaca la disminución ostensiblemente respecto de fines del año 2021. El 90% manifestó comprar menos alimentos que hace un año atrás y el 70% manifiesta haber tenido que elegir productos de menor calidad. El 74.4% de las familias que compran menos que antes destacan que los alimentos son de menor calidad.
Acceso a la salud
En relación al Derecho a la Salud, del IFAD se extrajo que 9 de cada 10 hogares relevados tienen acceso solo a sistema público de salud. En el todo el país, 6 de cada 10 familias pueden acceder a una unidad sanitaria a menos de 10 cuadras de su hogar, mientras que el 70% tiene que desplazarse a más de 30 cuadras para acceder a un Hospital Público. Es decir que 1 de cada 5 hogares no tiene unidad sanitaria cercana.
Además, 1 de cada 4 hogares tiene al menos algún miembro con enfermedad crónica o discapacidad. En el 29,1% de los hogares donde hay una discapacidad, no se pudo sostener el tratamiento en el último año. Entre los principales problemas que señalan los entrevistados se destacan la dificultad de obtener turnos de especialidades y profesionales y horarios limitados de atención.
Con los datos se busca la generación de políticas públicas destinadas a revertir esta cruda realidad que afecta a los ciudadanos de todo el país con más asimetrías en el interior provincial.
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