También contempla la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos, uno de los puntos más cuestionados por ADIMRA. Asimismo, les permite los beneficiarios disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% al segundo año y del 100% a partir del tercero.
La carta de los industriales metalúrgicos a Luis Caputo
La carta que recibieron Caputo y los titulares de los distintos bloques legislativos lleva la firma del presidente de ADIMRA, Elio Del Re, y del prosecretario general de la entidad, Javier Viqueira. El objetivo del escrito, le explicó a este medio una importante fuente del sector, es pedir que se revea el proyecto, sobre todo en los puntos que atentan contra la competitividad de la producción nacional en detrimento de las manufacturas importadas. “Pedimos que se igualen las condiciones”, señaló la misma fuente.
En la misiva, ADIMRA plantea que los mecanismos delineados para el RIGI “no permiten igualar las condiciones de competencia de los fabricantes nacionales frente a los complejos industriales internacionales, ya que los titulares de proyectos de vehículos de proyecto único (los beneficiarios del régimen) podrán importar bienes de capital usados o nuevos, materiales e insumos sin aranceles asociados tanto en la etapa de la inversión inicial así como también del flujo productivo durante el período establecido (30 años), afectando directamente a la industria metalúrgica nacional en general y especialmente las PyMEs”.
Esto implica, según los empresarios metalúrgicos, que le sería más favorable al inversor traer maquinaria e insumos del exterior que contratar con proveedores locales, lo que pondría en serio riesgo la actividad en diversas cadenas. Los industriales ponen en foco lo que consideran un perjuicio para las empresas con inversiones ya instaladas en el país, que no gozarán de los beneficios que recibirán los que ingresen dentro del RIGI.
Puesto en números, ADIMRA sostiene que los fabricantes nacionales tendrán condiciones desiguales “ya que deben afrontar costos de importación considerables que generan asimetrías, de entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes”. Entre los ejemplos incluidos en la carta, estiman que en los cables eléctricos para distribución de energía la pérdida de competitividad para un fabricante local alcanza el 22% y en un equipo de proceso de aceros especiales para petróleo y gas la pérdida es del 36%.
Los firmantes no rechazan la necesidad de regímenes de incentivos de este tipo, aunque sostienen que deberían pensarse para sectores poco explotados y con potencial, como la minería y el petróleo y gas “porque ese tipo de inversiones pueden ser palanca de desarrollo en Argentina”. “Eso sí: siempre y cuando esté incluida la industria local en el proyecto, con mismas condiciones o con cupos”, expresó un metalúrgico en diálogo con este medio.
El documento enviado por ADIMRA considera “apremiante que en el Artículo 235 (del proyecto de ley) los beneficios establecidos no generen inequidades impositivas que afecten la competitividad de los bienes producidos por las industrias locales, ya que la importación sin aranceles asociados, sumandos a los beneficios extraordinarios que promueve el RIGI, impactará negativamente en las actividades metalúrgicas que producen y generan empleos en Argentina”.
También pide revisar el Artículo 238, que regula las restricciones a la importación y exportación, “en particular en relación con los reglamentos técnicos vigentes al momento de la nacionalización de bienes ya que son cruciales para asegurar que el incumplimiento de los mismos perjudique inadvertidamente a los sectores productivos locales y permitan una competencia justa y sostenible en el ámbito industrial”.
Industria: actividad en picada
El proyecto y la carta se enmarcan en un contexto de profunda recesión. La licuación a velocidad récord de los salarios y jubilaciones desplomó el consumo. Así, las distintas ramas productivas iniciaron el año con fuertes recortes. El sector metalúrgico no es la excepción: este mismo lunes, ADIMRA informó que la actividad sectorial cayó durante marzo 17,7% interanual y 2,8% respecto de febrero. Así, coronó un primer trimestre con un retroceso del 6,6% frente al mismo período de 2023.
En ese marco, el uso de la capacidad instalada metalúrgica (condicionante clave para los proyectos de inversión) se hundió más de 10 puntos porcentuales hasta el 43,6%. Se trata del nivel más bajo de los últimos ocho años, a excepción únicamente de los meses más duros de la pandemia de Covid en 2020.
Elio De Re vinculó el desplome de la actividad con los cuestionamientos por el proyecto de RIGI y trazó un horizonte complicado para el sector. “La producción seguirá disminuyendo en línea con la demanda interna y el uso de la capacidad instalada, por lo que es necesario promover la inversión pero con una visión de impulsar el desarrollo de la industria nacional”, afirmó y reclamó “evitar que las urgencias y presiones sectoriales promuevan la importación de equipos producidos como estipula el Régimen de Grandes Inversiones presentado en el proyecto de Ley Bases”.
