El Gobierno confirmó este jueves que prorrogará la prohibición de despidos por 90 días y mantendrá la doble indemnización por todo el 2021. De esta manera, las empresas no podrán despedir sin justa causa y por las causales de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.
En ese marco, empresarios y dirigentes empresariales consultados cuestionaron la medida por considerar que atenta contra la generación de empleo en un momento de leve recuperación de la actividad económica tras el golpe que asestó la pandemia de coronavirus en 2020 y que amenaza con continuar.
Por estas horas se trata de un tema que preocupa al sector industrial pese a la leve recuperación de la actividad que se registró en los últimos meses.
“En mi opinión mantener, el triple cepo de prohibición de suspensiones y despidos, así como la doble indemnización, constituye una medida que conspira contra la generación de empleo genuino y formal”, aseguró Daniel Funes de Rioja, titular de Copal e integrante de la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA).
“Las pymes podrían ya empezar a contratar en la medida que algunas actividades están mejorando y las cifras negativas de suspensiones se han ido aminorando y se empezó lentamente a crear empleo, pero prorrogar este triple cepo sólo contribuye a generar incertidumbre y desconfianza en un sistema laboral que no ofrece respuestas adecuadas”, destacó.
Los industriales están convencidos de que estas medidas no tienen justificación y que complica los planes de las empresas de contratar personal.
Desde la entidad fabril destacan que los propios datos oficiales señalan que si bien en octubre cayó levemente el número de asalariados registrados del sector privado (-0,1%; -4.244 puestos), para la industria, el décimo mes del año fue el quinto período consecutivo de aumento del empleo registrado industrial (+0,3%; +3.672 puestos). Por lo tanto, dicen, desde septiembre están por sobre el nivel pre pandemia y actualmente lo supera en 4,5 mil trabajadores (+0,4%).
En un reciente informe, la UIA aseveró: “Si bien la recuperación mantiene todavía comportamientos heterogéneos entre sectores, partiendo de niveles muy bajos tras la crisis provocada por la pandemia y la recesión de los dos años previos, ya hay empresas con mayor demanda de empleo que comienzan a mostrar subas en las contrataciones. Esta tendencia se manifiesta en las expectativas netas de contratación para los próximos tres meses, que se ubicaron en terreno positivo por segundo mes consecutivo en noviembre”.
Y agregaron que el empleo industrial crece, pero aún hay mucho para recuperar. “El Gobierno debe pasar de una agenda defensiva a una agenda ofensiva, con estímulos para la generación de puestos de trabajo”, explicaron antes de la medida de extensión que se conoció ayer.
“Esto es tapar el sol con las manos”, resumió Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
“Una empresa con problemas va a cerrar igual. Este tipo de medidas no ayuda para generar nuevos puestos de trabajo. Si hoy hay un comercio que comenzó a repuntar las ventas, no va a contratar más empleados. Son medidas que se tomaron históricamente en distintos gobiernos, acá a nadie se le ocurre nada nuevo y son medidas que llevan al fracaso. La única manera de salir de las décadas de estancamiento es generando nuevas fuentes de trabajo y se tienen que generar a través del sector privado, no del Estado que provoca déficit”, aseguró el dirigente.
Y añadió que es menester incentivar a que el sector privado confíe en el país y en las autoridades de turno. “Los Gobiernos hacen todo lo contrario. Si no hay tranquilidad ni confianza no se genera clima de negocios y no se puede generar trabajo”, destacó.
Para Martín Cabrales, dueño de la empresa cafetera que tiene su nombre, esta medida “impacta y mucho”. En ese sentido, remarcó: “Supongo que aún más en las pymes. Antes de contratar lo van a pensar dos o tres veces y hay muchas empresas muy comprometidas. Si no pueden despedir y tienen que pagar doble es tremendo”.
De acuerdo al empresario, la gran mayoría no tienen plata para indemnizar. “Nadie piensa en despedir porque no podrían pagarle a nadie, eso las que están en pie aún, porque muchas ya no existen. Si bien esto no es para nuevas contrataciones, tomar empleados en este contexto es algo casi impensado para estas compañías”, destacó.
En tanto, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguraron que la situación que la prórroga plantea es que muchas empresas que no pueden pagar los sueldos van a terminar informatizándose o cerrando, porque hay muchas empresas que están en una situación límite.
“Las empresas que no puedan afrontar esto van a terminar cerrando. Realmente, es una situación compleja. Cuando una cierra la puerta de salida también cierra la de entrada. Por más que esto no aplica a nuevos empleados desalienta la generación de nuevos empleos porque hay miedo de que esto siga prorrogándose”, aseguraron.
A su turno, el especialista en derecho laboral, Julián De Diego, dijo que para recuperar la confianza hay que salir del cepo laboral, aunque sea de forma gradual.
Para eso, consideró necesario “ir bajando primero el 100% de aumento de indemnización a 80 o 75 por ciento, después a 50 por ciento, y así. Y la prohibición podría levantarse y permitirlas bajo el esquema de doble indemnización”.
Según De Diego, para sostener un esquema de ese tipo el Gobierno tiene que mantener el Programa ATP. “Si a un empleado que está suspendido el Estado le paga 34.000 pesos, cubre gran parte del costo al empleador. El programa Repro son chirolas en comparación. En estos meses en que estuvo vigente la doble indemnización y la prohibición de despidos, en los casos de empresas que inexorablemente no podían seguir, los despidos se realizaron igual. Nadie pagó la doble o llegaron a un acuerdo con los empleados para pagar menos o cerraron la cortina y no pagaron nada”, detalló.
Por su parte, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) le pidió al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, poner en marcha herramientas para “incentivar el consumo” y reclamó también la finalización de la prohibición de despidos y la doble indemnización.
Dentro de las propuestas de reactivación inmediata solicitadas por la entidad se encuentran las de “activar un plan de fomento a la producción, la creación de un fondo de ayuda para las pymes, y la continuación del programa de Aporte al Trabajo y la Producción (ATP)”, indicó la federación que representa a 230 entidades.
En materia laboral, piden la finalización de la prohibición de los despidos y la doble indemnización algo que finalmente no sucederá.
Contexto laboral
Los puestos de trabajo sufrieron una caída interanual del 9,2% en el tercer trimestre del 2020, equivalente a 1,9 millones de empleos, por el impacto de la crisis sanitaria y la recesión, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
De 20.755.000 puestos que existían en el tercer trimestre de 2019, se bajó a 18.848.000 en el mismo período del 2020.
Los empleos registrados descendieron 3,3%, pero los más golpeados fueron los trabajadores informales o en negro, un sector que cayó 18,8%. En tanto, los monotributistas e independientes descendieron 12,2 por ciento.
Cabe recordad que para limitar el impacto de la pandemia de coronavirus sobre el mercado de trabajo, el Poder Ejecutivo impuso la prohibición de los despidos y la penalidad del pago de doble indemnización a las empresas que dispusieran cesantías sin causa de su personal.
La prohibición de despidos fue decretada inicialmente a fines de marzo, y prorrogada en dos oportunidades.
Fuente: Infobae
