El Gobierno convocó a intendentes y gobernadores de todos los municipios y las provincias del país a realizar, en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y el control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución 1050/2021, que estableció que los precios para 1.432 productos de consumo masivo se retrotraigan al 1 de octubre último y permanezcan así hasta el 7 de enero de 2022.
Lo hizo a través del decreto 745/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial, que precisó que para el cumplimiento de los controles las autoridades municipales se ajustarán al procedimiento y las acciones previstas en los artículos 10 y 12 de la Ley 20.680 de Abastecimiento, mientras que el juzgamiento de las infracciones corresponderá a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
El artículo 10 de la Ley 20.680 establece como procedimiento el labrado de un acta de infracción, la admisión de pruebas y la resolución del hecho.
En tanto que el artículo 12 señala que los funcionarios podrán requerir el auxilio de la fuerza pública; allanar en horas hábiles y días de funcionamiento, locales industriales, comerciales, establecimientos de producción, y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto responsable.
También podrán secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por hasta 30 días hábiles; intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en tránsito, nombrando depositario; y clausurar preventivamente hasta por tres días los locales en los que se hubiere constatado la infracción.
Del mismo modo, los intendentes están habilitados para intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que hubieren sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta; citar a los presuntos responsable y solicitar a la autoridad de aplicación su detención preventiva.
Al respecto, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, explicó que la Nación puede tener “una fiscalización efectiva sólo en las áreas metropolitanas de Capital, Gran Buenos Aires, Gran Rosario y Gran Córdoba”.
“Por eso es decisivo el apoyo que recibamos de las provincias”, indicó Feletti, quien anticipó que se está evaluando capacitar a 300 relevadores de la Secretaría para sumarse al equipo de inspectores.
El funcionario expresó que el programa “se está implementado bien”, y aseguró que “no se han recibido en ningún caso denuncias de desabastecimiento, pese a los pronósticos agoreros de muchos”.
“No habría razón técnica tampoco porque la mayoría de las plantas está trabajando con capacidad ociosa y no llega al 65%”, precisó el secretario.
También indicó que la cadena de supermercados Changomas es la única que continúa sin cumplir con el congelamiento de precios de 1.432 productos de consumo masivo. “El programa se está cumpliendo prácticamente en todas las cadenas excepto el caso de Changomás, con quienes nos vamos a entrevistar el lunes”, adelantó Feletti.
El miércoles último, el Gobierno y veinte provincias firmaron un acuerdo a través del cual los gobernadores se comprometieron a poner en marcha tareas de fiscalización en sus distritos para asegurar el cumplimiento del programa.
El acto estuvo encabezado por el presidente Alberto Fernández y por las provincias estuvieron presentes -de manera presencial o virtual- los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Zillioto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Jorge Capitanich (Chaco),
También Gerardo Morales (Jujuy), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Omar Perotti (Santa Fe), Sergio Uñac (San Juan), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes).
El acuerdo contempla las tareas de fiscalización, control, juzgamiento y sanción de las disposiciones establecidas en la resolución 1050/2021 que determinó el congelamiento de precios.
“Somos conscientes de que las medidas de corto plazo son necesarias, pero no suficientes. Debemos tener instrumentos económicos e institucionales estables y permanentes que garanticen rentabilidades empresarias razonables, una distribución justa del excedente a lo largo de las cadenas productivas, protegiendo a sus actores más débiles, y el acceso de los trabajadores a los bienes y servicios de consumo básico a precios accesibles”, subraya el documento.
En ese sentido, también señala que los firmantes acuerdan “trabajar de manera federal y planificada en la creación de mercados concentradores descentralizados en cada región del país”.
“En ese marco, los mercados concentradores no sólo permiten estrechar la relación comercial entre productores y consumidor, sino que acompañan y ponen en valor los esfuerzos que vienen haciendo las provincias para ampliar y diversificar la oferta productiva”, concluye el acuerdo.
