Legisladores del Partido Justicialista presentarán esta semana un proyecto en el que someten la custodia del interior de todos los edificios públicos, exclusivamente a la policía provincial.
De aprobarse dicha iniciativa ninguna dependencia de los tres poderes y entes autárquicos, podrá contar con servicio de vigilancia privado, tal como ocurre por ejemplo con la Ciudad Judicial y tantos otros.
Lucas Godoy, uno de los impulsores de la iniciativa, destacó que “los edificios públicos guardan muchas veces información delicada y puede ser peligroso que quede en manos de un privado, que tenga libre acceso a la misma”, según dijo a Nuevo Diario de Salta.
Justamente entre los fundamentos del proyecto, los legisladores señalan que “el valor intrínseco que adquieren aquellos bienes para el normal desarrollo democrático de las cosas del Estado, amerita otorgar su resguardo, exclusivamente a la policía como depositaria de la fuerza pública delegada por el Estado Provincial”.
Otro punto que destacan en los fundamentos, es que con esta medida no se van a retirar policías de la calle, que actualmente velan por la seguridad de los ciudadanos, ya que no son muchos los edificios que actúan con este tipo de vigilancia privada y en caso de ser imprescindible contar con mucha vigilancia, se puede usar ese mismo dinero en pagar adicionales.
Este proyecto se estima ingresará por mesa de entrada de la Cámara de Diputados esta semana y quedará pendiente hasta que se aprueben los asuntos entrados en la primera sesión ordinaria que se hará en abril, luego de inaugurado el año legislativo.
Una vez realizado este trámite, quedará habilitado para ser tratado en las comisiones internas y pasar al recinto para su votación.
En la mira
En Salta, de un tiempo a esta parte y con la seguridad como uno de los temas que mayor preocupación social genera, se vio el surgimiento de muchas empresas privadas o de vigilancia.
No obstante, si bien como fuente laboral puede considerarse una alternativa para muchos, son conocidas las situaciones de explotación a la que someten a los trabajadores del rubro, con extensas jornadas, pocos descansos, salarios bajos y prácticamente nula capacitación.
