Es grande la repercusión que ha tenido el tratamiento de un proyecto de Ley de Humedales que podría traer consecuencias fatales a la economía salteña, ya que atentaría directamente con el desarrollo minero, actividad en apogeo. Es por esto que las Cámaras Mineras de Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Santa Cruz emitieron un duro comunicado.
Sus representantes compartieron con Dossier Web el documento que explica las instituciones productivas nucleadas “vemos necesario manifestar y alertar a nuestros representantes y a la población sobre la imperiosa necesidad de respetar el federalismo en el debate legislativo sobre los distintos proyectos de Ley de Protección de Humedales tal como está siendo llevado adelante en el Congreso de la Nación y la necesidad de participación de los sectores productivos afectados”.
“La autonomía constitucional de las provincias, en cuanto a la administración de sus recursos naturales y la regulación en materia ambiental, se ve vulnerada en varios de los proyectos en tratamiento; además de las deficiencias jurídicas en cuanto a la superposición y/o conflictos con la legislación vigente”.
Producimos, invertimos y generamos empleo, bajo el modelo de desarrollo sustentable
Consideran que al proyecto le falta el consenso requerido en el tratamiento de leyes ambientales, y para solucionar problemas generados por falta de control de incendios y sin considerar legislación específica ya existente (Ley N° 26.815; Convención RAMSAR, entre otras), “avanza con un tratamiento superficial sobre legislación ambiental sin medir suficientemente sus consecuencias”.
“Estamos en desacuerdo con toda propuesta de regulación arbitraria que afecte el desarrollo productivo sustentable de nuestras provincias por decisiones de la administración central, que violenta el espíritu federal de nuestra Constitución Nacional e incide en la administración de los recursos naturales”, expresaron.
Cabe recordar que el proyecto de autoría del oficialismo está acompañado de la firma de un solo legislador salteño, se trata de la diputada nacional Verónica Caliva, quien ha recibido el repudio de los sectores económicos salteños, que se verán gravemente afectados por esta medida.
“Los proyectos de ley que se están debatiendo, en caso de aprobarse, tendrán un fuerte impacto en lo social y productivo, e incidirán negativamente en las fuentes de trabajo de miles de habitantes de las provincias, impactarán en el empleo directo de comunidades aledañas a los proyectos productivos (en particular de pueblos originarios) que encontraron posibilidades de empleo, capacitación y desarrollo. En definitiva, generarán acciones perjudiciales para los sectores industriales, agropecuario, ganadero y al de desarrollo inmobiliario, para mencionar algunos”.
Con respecto al sector de la industria minera, advirtieron que llevaría a una paralización de actividades, en tanto, la definición de humedal como el eventual inventario de estos demandarán meses o años en los que se verán suspendidas actividades productivas, al igual que inversiones hoy en proceso.
“Se imposibilitará tanto la continuidad como el desarrollo de nuevos proyectos, además de modificar la estabilidad legal fundamental para cualquier inversión, en desconocimiento de las exigencias, requisitos, condiciones y controles de la normativa ambiental vigente, tanto nacional como provincial”.
“Proyectos de esta índole carecen de una visión productiva, de reconocimiento de la legislación y gestión ambiental que llevan adelante las provincias en donde se radican los emprendimientos y se opone a los mandatos constitucionales provinciales pretendiendo administrar los destinos de zonas alejadas, inhóspitas, y sin infraestructura que ven en la industria minera desarrollos productivos, empleabilidad, y nueva infraestructura para dichas zonas”.
Finalmente manifestaron su rechazo al proyecto porque “atenta contra los miles de puestos de trabajo formales y bien remunerados que las provincias esperamos desde hace años, en donde el desarrollo de la industria minera es modelo de gestión medioambiental y comunitaria, así como paradigma de desarrollo sostenible y de infraestructura que mejora la calidad de vida de los pobladores locales”.
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