El origen del litigio se remonta a 2012, cuando Argentina expropió la participación de Repsol en YPF sin ofrecer una compensación adecuada a los accionistas minoritarios Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital, representados por Burford Capital. En 2023, la Justicia estadounidense condenó al país a pagar 14.390 millones de dólares a Petersen y 1.710 millones a Eton Park, sumando un total de aproximadamente 16.100 millones de dólares en daños y compensaciones.
Argentina sostiene que sus acciones sobre YPF están protegidas por la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de EE.UU., argumentando que una eventual pérdida de control sobre la principal empresa energética del país comprometaría su soberanía, relaciones internacionales y sería irreversible, incluso en caso de una eventual apelación favorable. Por su parte, Burford Capital afirma que la excepción por actividad comercial permite la ejecución de la sentencia y acusa al país de maniobras dilatorias durante años para evitar pagar.
Este fallo llega en un momento delicado para la economía argentina, que atraviesa una profunda crisis marcada por alta inflación, escasez de divisas y una elevada carga de deuda, en medio de un gobierno de Javier Milei que busca reforzar las reservas internacionales para afrontar la situación. La decisión judicial, aunque momentáneamente aplazada, representa un riesgo real para la capacidad del país de mantener el control sobre YPF y, por extensión, su soberanía energética y económica.
El litigio refleja también el complejo debate sobre la influencia de los tribunales estadounidenses en activos soberanos y casos de nacionalizaciones, poniendo en jaque la autonomía de Argentina frente a las presiones internacionales. Mientras tanto, el gobierno ha solicitado medidas similares en otras jurisdicciones, como el Reino Unido, en un intento por frenar el avance de la sentencia y proteger sus intereses en Vaca Muerta, uno de sus principales activos estratégicos para la generación de divisas y desarrollo económico.
