Ayer fueron suspendidos 7.000 trabajadores madereros de los departamentos Orán, San Martín, Santa Victoria y Rivadavia por decisión de la Justicia, que hizo lugar a una medida cautelar que prohíbe desmontes y tala de árboles. La cautelar que pasó por la Corte Suprema forma parte de una demanda presentada por los pobladores, que buscan poner un freno a la depredación en el marco de la llamada ley Bonasso.
El alto tribunal exigió un estudio de impacto ambiental acumulativo al gobierno provincial, que se presentó a principios de este mes. Pero los jueces no tienen plazo para decidir y la paralización dejó ya sin materia prima a los aserraderos, mueblerías y a todas las tareas vinculadas.
El anuncio de las suspensiones se hizo conjuntamente con una marcha en Tartagal, una ciudad castigada por el dengue que también asoló a San Ramón de la Nueva Orán, otra localidad que será sede de manifestaciones.
El norte salteño tiene los más elevados índices de desocupación y de pobreza, y la paralización maderera agravará la crisis regional.
Para paliar la situación adversa, el gobierno provincial estaría analizando la posibilidad de otorgar subsidios a los trabajadores que quedarán sin empleo hasta que la Corte dictamine si libera la actividad forestal.
La Asociación de Productores Foresto Industriales de Salta y el Centro de Obrajeros del Norte señalaron que un subsidio sólo era paliativo y lo que el sector necesitaba era la rehabilitación de la actividad.
