Todavía falta un aumento en las facturas de gas, que oscilará entre el 15% y el 30%, y hay una fuerte presión de las empresas petroleras para que el Gobierno autorice otro ajuste en el precio del fluido en yacimiento, que también impactaría en tarifas. El público comenzó a recibir en las últimas dos semanas las facturas de gas correspondientes a los días más fríos que empezaron este año a fines de mayo. Los ajustes que se están pagando y que en los casos de hogares de consumo altos, pueden trepar hasta un 300%, se deben a un incremento del valor del gas en boca de pozo, que en parte se destinó a subsidiar la garrafa social, y al cargo tarifario aplicado desde noviembre pasado para cubrir el costo de importar el producto desde Bolivia o a través del buque regasificador de GLP (gas licuado de petróleo).
Pero a través de varios decretos dictados en abril, el Poder Ejecutivo autorizó a todas las distribuidoras de gas a aplicar un aumento del 15% al 30%, también en relación con el nivel de consumo, que todavía no se aplica porque falta que el ente regulador (Enargas) autorice los nuevos cuadros tarifarios. En la única área donde ese incremento está vigente es en el norte del conurbano bonaerense, en la zona de concesión de la empresa Gas Natural.
En la mayoría de los casos, ese aumento, que cuando se aplique será retroactivo a noviembre pasado, no entrará a las cajas de las distribuidoras, sino que lo recaudado irá a un fondo fiduciario para obras.
Pero hay incluso otra alza en ciernes. Las petroleras productoras de gas venían reclamando reservadamente hasta el mes pasado una participación en los fondos excedentes recaudados a través de las facturas, para la importación de gas.
Pero el Gobierno resolvió con esa suma extra, originada en la caída del precio internacional del petróleo que llevó a la baja a las compras externas del gas, atenuar el impacto sobre los consumidores.
El criterio -anunciado en junio por el ministro Julio De Vido- fue elevar de 1.000 a 1.500 metros cúbicos anuales el nivel de consumo a partir del cual el usuario paga el cargo por la importación hasta agosto, lo que incluye a los meses de consumo más alto. El techo es aún más alto para las provincias cordilleranas y patagónicas.
Sin esos recursos a la vista, las petroleras mantienen disminuida la actividad en los yacimientos de gas, lo que afecta a las empresas contratistas, y desde éstas, al personal petrolero. Hay amenazas pendientes de numerosos despidos que suscitaron ya medidas de fuerza, una de ellas programada para esta semana.
Hoy, el gobernador Jorge Sapag viene especialmente a Buenos Aires por ese tema (ver Ámbito Nacional, en págs. 22 y 23). Las petroleras aspiran a un precio del gas equivalente al que se paga por el fluido importado de Bolivia, lo que llevaría el valor desde unos dos dólares en promedio en la actualidad (considerando también a los grandes usuarios industriales) a por lo menos cuatro dólares por millón de btu (unidad de medida para el gas).
En las provincias gasíferas, especialmente en Neuquén, se afirma que la actividad de perforación no se normalizará si no se consigue por lo menos una promesa del Gobierno de que habrá otro ajuste.
