“Los representantes políticos y empresarios de estas provincias realizaron un arduo trabajo en búsqueda de acuerdos entre el sector público y privado para ofrecer al país una nueva Ley de Biocombustibles, lo que se ha concretado con el proyecto presentado en las cámaras de Senadores y Diputados”, señaló la misiva. Para respaldarlo y requerir que el funcionario promueva su debate, acompañaron el pedido con otra nota que tiene un idéntico contenido pero con las firmas de las representaciones de la UIA en las provincias mencionadas.
Advertencia de productores
Desde la vereda del frente, la cámara que reúne a la totalidad de empresas elaboradoras de biodiesel de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires, la CEPREB, puntualizó en un comunicado que “contrariamente a lo que se señala públicamente, no existe consenso en torno a la propuesta de Ley de Biocombustibles elaborada por la Liga de Provincias Bioenergéticas”.
“Dicha propuesta es perjudicial para las empresas denominadas regionales Pymes porque se las pretende someter a una competencia desleal contra compañías que cuentan con ventajas comparativas insalvables por la distancia que tienen con el Puerto de Rosario, kilómetro cero para la obtención de la materia prima”, detalló la CEPREB, con la firma de Federico Martelli, su titular. En esa línea, se insistió en que de aprobarse tal y como fue presentado el proyecto, “la producción pasaría a concentrarse en Santa Fe, con las consecuencias no deseadas de centralizar en una sola provincia, lo que implicaría pérdida de puestos de trabajo, pérdida para las economías regionales en la diversificación productiva y pérdidas tributarias para las provincias y municipios”.
La Ley 27.640 de Biocombustibles vence el 30 de diciembre de 2030 y establece que el corte obligatorio para la mezcla con diésel de hidrocarburos se repartirá de manera similar entre todas las pymes del sector. “Modificar el régimen y finalizarlo antes de tiempo atenta contra la seguridad jurídica de quienes ya invirtieron e invierten todos los días para generar valor y no hace más que canibalizar, mediante una legislación a medida, el aparato productivo de unas provincias para concentrarlo en otra”, se subrayó.
Según Martelli, “cualquier debate público e institucional sobre la legislación que regula la producción y comercialización de biocombustibles debe comenzar por el reconocimiento de que las empresas regionales no deben perder su capacidad productiva instalada para abastecer el 10 % del corte argentino”. “Este es el mismo derecho que presenta la Ley de la Liga de Provincias Bioenergéticas para las empresas que producen bioetanol de caña, a las que les reserva la utilización de su capacidad instalada equivalente al 6%. Sería injusto y discriminatorio no reconocer ese mismo derecho para las empresas regionales elaboradoras de biodiesel”, cerró.
Para la CEPRE, un problema no resuelto todavía radica en que la Secretaría de Energía de la Nación no cumple la ley vigente, lo que viola la seguridad jurídica, “por lo cual es absurdo plantear cualquier nueva ley en un país en que las autoridades no las respetan”.
