Ante la irrupción en el país de la segunda ola de covid-19 y el aumento en la cantidad de casos detectados, el Gobierno impondrá nuevas restricciones a la circulación de personas y a determinadas actividades, algo que en mayor o menor medida afectará a la economía y principalmente los bolsillos de los sectores informales. En ese marco, el Ejecutivo evalúa distintas herramientas para ayudar a los más vulnerables y el interrogante es si existe la posibilidad de que se vuelva a implementar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Durante 2020, el subsidio de $10.000 se aplicó en tres oportunidades para evitar que muchas personas cayeran en la pobreza y la indigencia. El pago de ese bono se dio en un contexto de mayores restricciones que las actuales, sobre todo teniendo en cuenta que la economía estaba prácticamente cerrada y regía desde el 20 de marzo el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO).
“Para qué es necesario un IFE ahora si no hay cierres de comercios y empresas como hubo el año pasado”, se preguntaba precisamente este mediodía un alto funcionario del Gobierno. Esa postura negativa frente a la posibilidad de reinstalar el bono es la que predomina en las altas esferas oficiales, mientras autoridades nacionales, provinciales y porteñas negocian las restricciones que se anunciarían en breve ante el aumento de los casos de covid-19.
No hay que perder de vista que una vez que las medidas de restricción se fueron flexibilizando durante 2020, el IFE desapareció, mientras que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) diseñado para ayudar a las empresas y comercios a pagar el 50% de los salarios fue reemplazado por uno similar denominado de Recuperación Productiva (REPRO), que ya va por su segunda edición y tiene también como objetivo ayudar a las empresas a pagar el salario de sus trabajadores.
Ya a mediados de enero último el Gobierno analizó la posibilidad de poner en marcha una versión acotada del IFE y del ATP, con montos y alcances más cortos, pero esa iniciativa no prosperó.
Durante una reunión semanal de gabinete económico, el diagnóstico oficial era que la probabilidad más alta fuese la reimplementación de un programa similar al IFE, mientras que la ayuda para el pago de salarios como el ATP quedaría circunscripta a sectores todavía golpeados como el turístico o el entretenimiento.
En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, había asegurado en marzo que el presidente Alberto Fernández estaría dispuesto a aumentar los planes de asistencia. “La vuelta del IFE y del ATP no está en el presupuesto. Yo tengo que sostener la asistencia alimentaria, crear 300 mil puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios y poner en marcha 800 jardines. Si hay un rebrote, si se complica la situación sanitaria, vamos a tomar medidas excepcionales que vamos a evaluar en el momento, pero lo vamos a hacer”, destacó el funcionario en una entrevista con TN.
Cabe recordar que las medidas de auxilio a los hogares y a las empresas demandó al Estado en 2020 un gasto equivalente a casi 5 puntos del Producto Bruto Interno, lo que significaría más de un billón de pesos, entre el IFE, ATP y el resto del paquete contra el coronavirus.
El IFE tuvo un alcance de 9 millones de personas durante tres pagos bimestrales de $10.000 que realizó el Gobierno entre abril y noviembre. El programa incluyó a sectores que quedaron desprotegidos por la irrupción de la pandemia y las restricciones a la circulación, como desocupados, trabajadores y trabajadores informales, personal de casas particulares, y monotributistas sociales o de las categorías A y B.
De acuerdo a datos oficiales, en total, prácticamente el 30% de la población argentina pidió a Anses cobrar los $10.000 de asistencia. Además de los 8,9 millones de casos aprobados, casi 4,6 millones de personas tuvieron sus solicitudes rechazadas, principalmente por tener un ingreso en blanco, ya sea el solicitante o un integrante de la familia.
Mientras que el ATP llegó a cubrir, en el peor momento de la pandemia y con las restricciones de actividad y movimiento más rígidas en todo el país, los salarios de empleados de unas 234.000 compañías, principalmente comercio e industria. En esa primera ronda del Programa ATP, según estimaciones oficiales, la ayuda salarial incluyó a 2,3 millones de empleados en relación de dependencia.
El Gobierno afirmó que por ahora manejará los programas sociales planteados en el presupuesto 2021, pero que, si se complicara la situación económica por la pandemia, analizaría eventualmente la situación.
De esta manera, el Gobierno decidió aplicar planes focalizados. Esto se debe a los síntomas de reactivación, pero también a la necesidad de reducir el déficit fiscal del 6,5% del año pasado al menos al 4,5% este año, como se planteó en el presupuesto votado por el Congreso Nacional.
No obstante, la falta de continuidad del IFE genera una rispidez con algunos movimientos sociales que en el Gobierno consideran lógica y natural en un escenario de crisis económica y alta pobreza; pero los límites fiscales, que llevaron a que la Argentina gastara menos que otros países vecinos en materia de asistencia social durante el pico de la pandemia, son claros para el equipo económico.
Más allá de los datos de la macroeconomía, el titular del Palacio de Hacienda Martín Guzmán buscó en los últimos meses dar por finalizada la discusión y señaló que los programas de ayuda Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) no continuarán.
“Hay ciertas medidas que se adoptaron en el contexto de las restricciones más fuertes para la circulación. Esas restricciones hoy no están presentes, han cambiado. De modo que las medidas deben ser otras,” dijo el ministro.
Respecto del IFE, el titular del Palacio de Hacienda dijo: “Lo mismo ocurre con las medidas para proteger a los sectores más vulnerables. El IFE fue una medida para las restricciones más duras en un contexto de circulación que hoy no están. Hoy los programas son otros”.
Fuente: Infobae
