Miles de contribuyentes que no estaban originalmente alcanzados por el impuesto a la riqueza finalmente tendrán que pagarlo, una vez que la iniciativa sea aprobada por el Congreso. Esto se debe a un cambio del texto original del proyecto que se había redactado en abril. En aquel momento se estipuló que la base de cálculo sería el 31 de diciembre de 2019. Pero en el dictamen que discutirá hoy Diputados se dispuso que en realidad la fecha será la del día de la promulgación de la ley en el Boletín Oficial, lo que podría suceder a fines de noviembre o principios de diciembre.
Esto implica un gran cambio en el cálculo de quiénes deberán pagar el tributo. La clave está en el salto del tipo de cambio desde que empezó el año. A fines de 2019, el dólar oficial (al que se calcula el impuesto) rondaba los $ 60. Pero ahora está cerca de los $ 80, o sea un salto superior al 30%.
Como el piso a partir del cual se paga el tributo está en pesos, el salto cambiario implica que un patrimonio menor en dólares respecto a lo originalmente previsto terminará alcanzado.
El cambio de la base de cálculo obedeció, en alguna medida, a las advertencias que señalaban que el impuesto resultaría inconstitucional por aplicarse en forma retroactiva. Ese inconveniente fue subsanado por los cambios introducidos en el proyecto. Pero además, los promotores de la iniciativa, los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller, rápidamente se dieron cuenta de cómo el salto del tipo de cambio favorecería una mayor recaudación del tributo, al que insisten en llamar “aporte solidario”.
Un sencillo ejemplo alcanza para entender el punto. Es el caso de un individuo que exclusivamente tenga como patrimonio una cuenta en dólares en el exterior. Con la redacción original del proyecto, una suma de 3 millones de dólares no estaba alcanzada. Esto sucede porque tres millones al cambio oficial de 60 pesos sumaba un total de 180 millones de pesos, es decir estaba por debajo de los 200 millones de pesos estipulado por el proyecto para quedar adentro del nuevo gravamen. En cambio, ahora esos mismos tres millones de dólares representan, al tipo de cambio oficial, un total de 240 millones de pesos, cifra que supera el mínimo.
Las diferencias son impactantes. En el primer ejemplo el contribuyente quedaba afuera del impuesto. Pero ya con la adecuación de la fecha de cálculo y la suba del tipo de cambio, debería pagar entre 2% y 4%, según el porcentaje de activos que posea fuera del país. Es decir que como mínimo ese contribuyente debería pagar como mínimo 6 millones de pesos, pero podría ser el doble si la mayor parte de su patrimonio se encuentra fuera del país.
En su momento, la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, estimó que poco menos de 10.000 personas estarían alcanzadas por el nuevo impuesto. En un trabajo enviado a la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, la funcionaria estimó que tomando en cuenta la base de cálculo de fines del año pasado, se trata de 9.298 personas.
Pero la sospecha de tributaristas reconocidos como Guillermo Pérez, César Litvin y Sebastián Domínguez es que la cantidad de gente que se verá alcanzada será ampliamente superior. Y especulan que por lo menos el doble de individuos quedará finalmente alcanzado.
Las nuevas estimaciones de los expertos no toman solo en cuenta la modificación del tipo de cambio en estos meses. Además, debe considerarse que el impuesto a los Bienes Personales mantiene una serie de exenciones que no se respetaron en el nuevo tributo: la vivienda familiar en esta ocasión se contabiliza, lo mismo que la tenencia de títulos públicos y las participaciones accionarias en empresas, lo que representa un fuerte golpe para empresarios pymes, industrias y el sector agropecuario.
Como Marcó del Pont utilizó esa base del impuesto a los Bienes Personales para estimar quiénes quedarían alcanzados por el nuevo impuesto (que según el proyecto se aplicará por “única vez”), es evidente que se subestima el patrimonio de quienes realmente deberán pagar en esta oportunidad.
Otra de las grandes críticas al impuesto es que no incluye el concepto de “mínimo no imponible”, es decir que aquellos individuos que lleguen a los $ 200 millones automáticamente pasan a pagar por el total y no por el excedente. Se trata, aseguran los tributaristas, de un concepto sumamente inequitativo. Aquellos que tengan un patrimonio de $ 199 millones no deberían pagar el nuevo “aporte solidario”, pero quien llegue a $ 200 millones deberá dejar una fortuna ante el fisco.
Infobae
