Aseguraron que esta medida busca reducir el impacto de las marcas apócrifas que no tributan y perjudican al Fondo Especial del Tabaco (FET).
Uno de los proyectos de Ley aprobados durante la última sesión ordinaria de la cámara alta salteña fue el referido al control de la comercialización de cigarrillos ilegales en la provincia de Salta. Puntualmente el proyecto autoría del senador Carlos Rosso apunta a que “la Dirección Nacional de Rentas y/o el Organismo Fiscal que a futuro lo reemplace, a fiscalizar en el ámbito territorial de esta provincia la comercialización de cigarrillos, puros, tabaco para armar y tabaco en hebra o picado”. El mismo pasó primero por la Comisión de Economía, Finanzas Públicas, Hacienda y Presupuesto antes de llegar al recinto, donde fue aprobado por unanimidad. Ahora falta su tratamiento en Diputados, donde se espera aprueben la medida la semana entrante.
En el artículo segundo de esta normativa explicitan que “Se consideran productos ilegales a los fines de la presente ley aquellos ingresados ilegalmente al territorio nacional, que no cuenten título justificativo de su procedencia y/o fabricación legitima, con estampillas legales y/o aquellos que hayan sido fabricados en violación a la Leyes de Patentes N° 24.481 y de Marcas N° 23.362”.
Enrique Cornejo, representante de la Unidad Coordinadora del Fondo Especial del Tabaco (FET), desde donde apoyaron la gestión de esta Ley, comentó días atrás que hoy se advierte “en muchos comercios de la provincia una gran cantidad de cigarrillos ilegales, algunos sin estampilla y los que las tienen, son de dudosa procedencia. Eso está afectado la integración económica del FET, y a la provincia de Salta le impacta en una suma importante que podría oscilar entre 1.200 y 1.300 millones de pesos al año. Con este proyecto se busca bajar los niveles de comercio ilegal de cigarrillos en la provincia”.
El miembro de la Comisión de Economía del Senado, Guillermo Durand Cornejo, en su intervención ante los senadores salteños, adujo que esta es una problemática seria, y recordó la incidencia del cultivo de tabaco en la provincia donde 20 mil trabajadores directos y 130 mil personas –entre familias y proveedores– se benefician por esta práctica. Además, destacó que la venta de cigarrillos le reporta a la AFIP 255.000 millones de pesos, que equivalen 3.650 millones de dólares al año. De esa cifra un 7% se destina al FET, una cifra cercana a los 17.850 millones de pesos destinados a las provincias productoras de tabaco.
El legislador capitalino también recalcó que, durante el último año, la provincia de Salta perdió alrededor de 1.200 millones de pesos debido a “unos individuos que han sabido sortear al Estado a través de la evasión impositiva de una forma que no puedo llegar a decir legal”. Para ejemplificar dio el caso de un productor de cigarrillos de la provincia de Buenos Aires que se presentó en la justicia con un amparo para no pagar impuestos. Ello, según Durand Cornejo, en detrimento de la economía salteña que se beneficia con los impuestos a tal producto.
En tanto que el autor del proyecto, el senador por el departamento de Güemes, Carlos Rosso, comentó a la prensa legislativa: “es un proyecto que impulsa por un lado el control a aquellas personas que desde la ilegalidad están vendiendo un producto como es el cigarrillo que no sabemos de dónde procede ni cómo se lo produce. En este caso Rentas hará un control de la procedencia y en los negocios infractores llevar a cabo las multas correspondientes”. También Rosso destacó que esta medida buscar proteger al FET pues el comercio ilegal de cigarrillos ocupa un 23% del mercado argentino.
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