La Cámara alta convirtió en ley, por 43 votos contra 19, la iniciativa del Poder Ejecutivo que establece una reforma bursátil, mejor conocida como Ley de Mercado de Capitale, ante eso la legisladora Margarita Escudero sostuvo que aunque los objetivos son nobles, la medida “tendrá los efectos contrarios a los buscados”.
Además, resaltó que la “Argentina recibe sólo el 0,3% de las inversiones que se realizan en la región”.
La norma recibió fuertes críticas de los bloques opositores por las modificaciones introducidas en Diputados que permitiría intervenir las empresas que coticen en Bolsa.
“Esta norma nace con objetivos nobles como es ampliar la cantidad de operadores, en especial en el interior del país, pero para ampliar el acceso al mercado de capitales no será suficiente con esta regulación, hace falta generar confianza monetaria y jurídica. Con una inflación anual del 25% y sin reglas claras y estables no se están generando las condiciones necesarias para atraer inversiones y canalizar el ahorro en proyectos productivos”, advirtió la parlamentaria senadora nacional Sonia Escudero (bloque justicialista 8 de octubre).
La legisladora salteña criticó, además, que la norma deja librada la regulación del mercado de valores en manos de funcionarios con rango de Subsecretarios dependientes del ministro de economía. “Las reglas de funcionamiento del mercado de capitales van a quedar en manos de funcionarios de segundo nivel que podrán modificarlas a su antojo, a través de simples resoluciones, sin pasar por este Congreso”, reclamó.
Una de las principales modificaciones anunciadas tenía que ver con el funcionamiento de las calificadoras de riesgo, “sin embargo la ley no dice nada al respecto, ya que establece que los requisitos para su funcionamiento ¡serán determinados en la reglamentación!”, se quejó la senadora.
El principal punto de discordia fue el artículo 20 de la ley -que fuera modificado en pleno debate en el recinto en la cámara de Diputados- que establece la facultad de designar veedores con capacidad de veto en las empresas y la posibilidad de separar a los órganos de administración durante 180 días, lo que fue interpretado por la oposición como una facultad del Estado para intervenir las empresas con la excusa de “proteger a los accionistas minoritarios”.
Además –sostuvo la senadora salteña- “la única instancia de apelación será ante dos funcionarios designados por la Presidencia de la Nación: el ministro de Economía y el Presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Con esta redacción se generarán los efectos contrarios a los nobles objetivos planteados en el proyecto original”.
Escasas inversiones: sólo el 0.30% en la región
Asimismo, la legisladora explicó que nuestro país “sólo recibe el 0,3% de las inversiones que se realizan en la región, el 80% prefiere invertir en Brasil”, además, especificó que sólo 13 empresas cotizan diariamente en la Bolsa, y que el 78% de los valores negociables pertenece a un grupo muy chiquitito de empresas líderes que nada tienen que ver con capitales especulativos o fondos buitres que esta norma busca evitar”.
La parlamentaria finalizó su intervención señalando la existencia de una suerte de “triángulo amoroso” en la región, “integrado por Brasil que aunque es inestable es atractivo para los inversores por su tamaño; Chile que es pequeño pero serio, por lo que las inversiones son seguras; y la Argentina que no sólo es un país considerado pequeño, sino también inestable”.
