En una situación insólita, las provincias tabacaleras están sorprendidas por el intento del Ministerio de Agroindustria de quedarse con el 20% del Fondo Especial del Tabaco.
Desde el inicio de la actual gestión nacional, las relaciones entre elMinisterio de Agroindustria de la Nación y las provincias fue, en casi todos los casos, muy buena.Mucho diálogo, búsqueda de consenso y planificación de diferentes líneas de acción fueron las características de los primeros meses de trabajo conjunto. Pero para las provincias tabacaleras, ese espíritu constructivo y dialoguista se rompió por completo en los últimos días del mes pasado; y la culpa es del Fondo Especial del Tabaco (FET). La historia es más o menos así: Desde el inicio de la actual gestión, los envíos a las provincias de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) dejaron de tener la regularidad a la que los productores tabacaleros estaban acostumbrados. En lugar de un pago cada 30 días, algunos meses tuvieron que esperar 40 o 50 días, y cuando creían que los envíos se iban a regularizar, todo se alteraba nuevamente. El enojo de los productores fue creciendo y tuvo su punto más alto a principios de setiembre, cuando en una reunión de la Federación Argentina de Productores Tabacaleros en San Salvador de Jujuy, se declararon en estado de alerta y amenazaron con medidas de acción directa. Para calmar los ánimos, los gobiernos de Salta y Jujuy se comprometieron a gestionar una solución ante las autoridades nacionales. Los principales referentes del área de Agricultura del Ministerio de Agroindustria recibieron entonces a los enviados de las siete provincias tabacaleras, quienes les presentaron un proyecto para que la distribución del FET sea automática. Se trataba, en definitiva, de una propuesta simple: fijar una fecha del mes para el envío de los fondos, y cumplirla de ahora en adelante. Tras el planteo, los funcionarios nacionales pidieron dos semanas para analizar la propuesta, y acordaron volver a reunirse la última semana del mes pasado. En encuentro, sin embargo, deparaba una sorpresa. Al inicio, las provincias creyeron que habían logrado un triunfo cuando los funcionarios nacionales les propusieron firmar un convenio para que el envío a las provincias del 80% de los recursos del FET destinados directamente a los productores se realice en forma automática, como ellos habían solicitado. Pero inmediatamente les plantearon que el 20% restante, que hoy se aplican a Planes Especiales y que distribuyen los gobiernos provinciales en acuerdo con los productores, debían ser cedidos para que sean definidos y ejecutados por el Gobierno Nacional. Los funcionarios provinciales no podían salir de su asombro e indignación. Para justificar su propuesta, los funcionarios nacionales indicaron que los fondos serían administrados “de acuerdo a las políticas establecidas en el Plan Belgrano”, un programa que por estos días no es visto con buenos ojos, por la morosidad en ejecutar las obras comprometidas Como era de esperar, el planteo fue rechazado por los representantes de las siete provincias tabacaleras, quienes objetaron la posibilidad de resignar el manejo de esos recursos, y elevaron al Ministerio de Agroindustria una propuesta consensuada, que mantiene la administración del 20% del FET bajo la órbita de los gobiernos provinciales. Las negociaciones que siguieron no se movieron de ese punto. La Nación insiste en quedarse con el manejo de esos fondos y propuso “consultar” a las provincias sobre el destino que le quiera dar a esos recursos, aunque la última palabra correspondería al Ministerio de Agroindustria. Como ocurrió antes, esa posibilidad es rechazada por las provincias. Mientras, el problema de la irregularidad de los pagos sigue vigente, y con ello la amenaza de protesta de los tabacaleros. Pero las provincias no están dispuesta a resignar espacios ni fondos frente al Gobierno Nacional. Desde el Gobierno Provincial aseguran que si el Gobierno Nacional insiste con esta postura, Salta no va a adherir a ningún convenio, pero la tensión crece, y no parece haber salida a este nuevo conflicto.
Fuente: Dossier Empresario
