Este último punto configura una novedad para la dinámica con que se venía manejando el sector y era una solicitud de varias firmas que esperan un escenario de fuerte aceleración inflacionaria para los próximos meses. En el caso de las distribuidoras de gas el decreto establece incrementos semestrales, pero en los últimos cuatro años se hicieron tres actualizaciones: una en 2021, otra en 2022 y la última en 2023.
Hasta el momento se desconoce cuál será la fórmula de indexación. De ahí surgen interrogantes: ¿Cuánto puede influir en el programa macroeconómico? ¿No retroalimenta la escalada de precios, poniendo en jaque el anhelo de reducir la inflación? La hoja de ruta que comenzará a detallar el Gobierno esta semana se ejecutaría puntillosamente hasta diciembre, cuando se defina la revisión tarifaria integral (RTI), hasta entonces todo será considerado transitorio.
Tarifas: ¿Cuánto impactará en los bolsillos?
Con la hipótesis de una poda de un tercio de los subsidios que planteó el ministro Luis Caputo semanas atrás, la consultora Economía y Energía estimó que los incrementos podrían rondar el 330% en el gas para los usuarios de ingresos medios, el 168% para los de ingresos bajos y el 204% para aquellos que tienen un mayor poder adquisitivo. En el caso de la electricidad los aumentos serían del 327%, 129% y 125%, respectivamente.
El viernes pasado, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, interpuso una acción de amparo ante la Justicia Federal con el fin de suspender la audiencia pública que se celebrará este lunes. La presentación cuestiona la modalidad virtual que dispuso el ENARGAS y argumenta que impide la participación de la comunidad en el proceso.
En las próximas horas, las organizaciones de defensa de los consumidores también van a plantear la nulidad de la audiencia. Emitirán un comunicado. Aseguran que el proceso está “plagado de irregularidades” y critican la escasez de información brindada por el Gobierno. Al mismo tiempo, se oponen a los aumentos que trascendieron en los últimos días.