El Gobierno avanzará con un decreto para aumentar las indemnizaciones que cobran los trabajadores que sufren un accidente laboral y que están a cargo de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART)
La normativa no será fruto de un consenso: ayer, el Ministerio de Trabajo hizo una última reunión entre dirigentes de entidades empresariales y de sindicatos, en la que sólo se ratificaron las posturas que dividen a unos de otros sobre el tema. Por eso, en el encuentro, el jefe de Gabinete de la cartera, Norberto Ciaravino, y la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, les dijeron a los participantes que les enviarían en unos días el texto que será elevado a la Presidencia.
La propuesta que hace más de un mes la cartera laboral elevó a empresas y gremios implica triplicar los montos cobrados como sumas adicionales a la indemnización principal, que resulta de aplicar una fórmula. Además, subirían los topes del resarcimiento principal. En una incapacidad parcial permanente, el trabajador recibiría un adicional de $ 90.000; en una incapacidad total, 120.000, y la muerte de un trabajador generaría un pago de 150.000, adicional a una renta mensual, al igual que en el caso de los trabajadores con incapacidad permanente. Esta prestación, que genera rentas mensuales, pasaría a tener un tope de 540.000.
Otro tema conflictivo es la inclusión de las várices y las lumbalgias como enfermedades por ser cubiertas por el sistema. Sobre este tema se seguirá debatiendo la semana próxima en la Superintendencia de ART.
El abogado de la CGT Héctor Recalde dijo ayer a LA NACION que insistió en el reclamo de que se establecieran pisos y se eliminasen los topes para las indemnizaciones. Y consideró que la ley vigente habilita al Ejecutivo a tomar una decisión en ese sentido.
Según consideró el abogado Pedro Etcheberry, de la Cámara Argentina de Comercio, el objetivo del decreto no trasciende la coyuntura, mientras que sigue pendiente dar una solución más amplia con una reforma de la ley, jaqueada cinco años atrás por la Corte Suprema, que declaró inconstitucionales algunos de sus artículos. Juan Carlos Mariani, asesor de la Unión Industrial Argentina, consideró que el pedido de la CGT de establecer pisos requiere una ley y no un decreto.
FUENTE: La Nación
