El Senado de la Nación aprobó este miércoles y convirtió en ley el Presupuesto 2023 que prevé un gasto global de casi $29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y que destina el 70% de sus recursos a rubros sociales.
La iniciativa se aprobó gracias a los votos del Frente de Todos y de sus aliados.
La oposición decidió no bajar al recinto en toda la tarde a modo de protesta por la decisión del oficialismo de insistir con la postulación del rionegrino Martín Doñate para el Consejo de la Magistratura, en lugar del macrista Luis Juez.
Durante el cierre de la sesión especial, que duró tan solo 3 horas y que estuvo presidida por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, también se convirtió en Ley la Prórroga de Impuestos.
Sin la presencia de JxC, que no bajó a dar quórum, el oficialismo logró aprobar los proyectos con la presencia de los senadores aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y la misionera Magdalena Solari Quintana.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el riojano Ricardo Guerra (FdT), puntualizó en los objetivos centrales de la “Ley de leyes” que “están referidos a fomentar el orden fiscal, propender al superávit comercial, fortalecer las reservas en el Banco Central y generar un desarrollo social”.
Con relación al orden fiscal, planteó que “en el Presupuesto prevé que el déficit base caja no supere el 1,9% y está en consonancia con los compromisos asumidos con el FMI y también referido al financiamiento del déficit fiscal”.
En relación al sostenimiento del superávit comercial, explicó: “Se creó el Programa de Incremento Exportador que se conoció como ‘dólar soja’ que, además de dicho programa que comenzó a regir en el presente ejercicio, también se fomentó y se incrementó sustancialmente el control de las exportaciones y de las importaciones para evitar maniobras de subfacturación y de sobrefacturación”.
Al hablar del fortalecimiento de las reservas del BCRA, señaló que “se consensuó con distintos sectores de la economía como la ganadería, la pesca, la minería, que liquiden exportaciones para que ingresen divisas como así también se buscó los desembolsos de diversos organismos multilaterales todo con el sentido de fortalecer las reservas que es el respaldo de la moneda en circulación”.
En cuanto a los parámetros macroeconómicos fijados en el Presupuesto, según el FMI “prevé un crecimiento del producto bruto mundial del 2,9% y para nuestro país está previsto un crecimiento del 2%, porcentaje que también se prevé que se mantenga para el ejercicio 2024 y 2025”.
“El consumo privado y público se prevé un incremento del 2% y de la inversión un incremento del 2,9%. El comercio exterior, continuando con la consolidación de la balanza comercial, se prevé un saldo positivo de más de 12 mil millones de dólares”, explayó Guerra y agregó: “Con todas estas medidas y proyecciones macroeconómicas que implican un reordenamiento se espera que las expectativas inflacionarias sean contenidas para que, de ese modo, se concluya el 2023 con una inflación cercana al 60% y un tipo de cambio con un crecimiento levemente superior en los 169,9 pesos por dólar”.
En cuanto a los números globales del Presupuesto, el riojano precisó: “En materia de gastos se prevé un total de 28,9 billones de pesos que, si consideramos su distribución por finalidades y funciones, tenemos que más de un 64% está destinado a los servicios sociales, donde un gran componente es el pago a los jubilados. También tiene una participación importante la salud, la educación y la ciencia y la técnica”.
“15,5% lo componen los servicios económicos (subsidios), un 10% la deuda pública, un 4% los servicios de defensa y seguridad, y un 5,6% lo que es Administración Gubernamental”, detalló y siguió: “Geográficamente un 22% está concentrado en la Ciudad de Buenos Aires, un 21,2% en la provincia de Buenos Aires, de tal modo que el 43,2% está concentrado en esas dos jurisdicciones. El 17,9% queda en el Estado Nacional y un 38,7% para el resto de las jurisdicciones. Claramente denota una alta concentración”.
En materia de ingresos, indicó que “se prevé una recaudación de 22,4 billones de pesos, de los cuales el 99,6% son de ingresos corrientes y solo un 0,4% son de ingresos de capital. Más del 66% de lo que son los ingresos corrientes son obtenidos de la recaudación de impuestos y un 29% lo aportan las contribuciones a la seguridad social”.
Comparando los gastos con los ingresos, Guerra observó que “tenemos un déficit de 6,4 billones de pesos los cuales se van a financiar con la obtención de fuentes financieras por 30 billones de los cuales se aplicarán por 23,7 billones de pesos. El componente principal, tanto de las fuentes como de las aplicaciones, es el endeudamiento público en pesos”.
Impuestos
El legislador se refirió a la prórroga de impuestos y asignaciones específicas que viene con media sanción de Diputados y explicó que el artículo 2 de la Ley 27.432 “prorrogó por última vez hasta el 31 de diciembre del 2022 cinco impuestos que son motivo de una nueva prórroga”.
En esa línea, detalló que la prórroga consistirá en 5 años hasta el 31 de diciembre de 2027 y enumeró los impuestos que se prorrogan: “Impuesto a las ganancias; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo.
“Además, se prorrogan una serie de asignaciones específicas hasta el 2027 que son nutridos de una serie de impuestos como el IVA, el de Capital de Cooperativas, sobre Bienes Personales, sobre impuestos a los pasajes al exterior”, precisó.
Guerra agregó que también se suspende lo que está establecido en el inciso A del artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre los Bienes Personales que establecía que el 90% del producido de dicho impuesto debía financiar el Régimen Previsional, pero “al ser suspendido dicho artículo el producido de dicho impuesto se coparticipa conforme al Régimen de Coparticipación Federal”.
Por último, indicó que “extiende por 5 años el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa que se nutre de un impuesto que se aplica sobre el capital de estas organizaciones y con una alícuota del 2%”.
