El Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto de ley que promueve la fijación de un esquema de contratación de estabilidad jurídica, con el objetivo de atraer nuevas inversiones y mantener y ampliar las existentes, promoviendo así la generación de nuevos empleos.
Mediante estos contratos, la provincia garantizará a los inversores que si durante su vigencia se modifican en forma adversa una o algunas de las normas provinciales o municipales que hayan sido identificadas en los contratos como determinantes de la inversión, tendrán derecho a que se les continúe aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo.
Podrán ser parte de los contratos de estabilidad jurídica los inversores nacionales y extranjeros que realicen inversiones nuevas o amplíen las existentes en el territorio provincial, siempre que los emprendimientos signifiquen la creación efectiva de cien puestos estables de trabajo como mínimo, para desarrollar actividades turísticas, industriales, agrícolas, de exportación, agroforestales, mineras, hidrocarburíferas, telecomunicaciones, construcciones e infraestructura, desarrollo ferroviario, generación de energía, proyectos de irrigación, uso eficiente de recursos hídricos y toda actividad que apruebe la Agencia de Promoción de la Provincia.
Los inversionistas que pretendan acogerse a los beneficios, estarán obligados a cumplir de manera estricta las disposiciones legales, reglamentarias y normas establecidas o que se establezcan para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.