El Ministerio de Trabajo les presentó a empresarios y sindicalistas una propuesta de decreto para triplicar el monto de algunas indemnizaciones previstas en la ley de riesgos laborales para los trabajadores que sufren incapacidad por algún accidente o enfermedad con origen en el trabajo. La propuesta está contenida en uno de nueve borradores de decreto que el ministro Carlos Tomada les dio a los integrantes del Comité Permanente Consultivo del sistema, del que participan la Unión Industrial Argentina y otras entidades empresariales, la CGT y el Gobierno, y que se reunió ayer para analizar los proyectos, que despiertan diferentes opiniones.
Entre los textos, hay uno que busca limitar las comisiones de los productores de seguros que intermedian entre las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) y las empresas, y otro que incorpora a la cobertura del régimen tres enfermedades que no están ahora consideradas de origen laboral (várices, hernias y artrosis). Para cubrir estas patologías se volcarían durante dos años recursos por $ 290 millones que están acumulados en la Superintendencia de ART, por aportes especiales de las empresas.
Las indemnizaciones por incapacidad se elevarían por una modificación de los montos adicionales que reciben los trabajadores (se suman a la indemnización que resulta de aplicar una fórmula). Y subirían los topes de los montos de la indemnización principal.
Así, en el caso de una incapacidad parcial permanente, el trabajador recibiría como adicional $ 90.000, en lugar de los 30.000 actuales; para casos de incapacidad total, la suma pasaría de 40.000 a 120.000, en tanto que la muerte de un trabajador generaría la obligación para la ART de pagar $ 150.000, adicional a una renta mensual, al igual que en el caso de los trabajadores con incapacidad permanente. Esta prestación que genera rentas de pago mensual -según fija la ley- pasará a tener un tope de 540.000, en lugar de los actuales 180.000.
Los cambios llegarían luego de varios años en los que se intentó llegar, sin éxito, a un acuerdo por una reforma legal que permitiera ajustar la normativa a la palabra de la Corte Suprema. En 2004, los jueces dictaminaron la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley 24.557. Los cambios que se harían por decreto no aportarían una solución al eje del conflicto, que provocó una fuerte judicialidad. Así lo hicieron notar, por ejemplo, las autoridades de la Unión de ART.
Según el abogado de la CGT y diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde, las mejores prestaciones desalentarían los juicios, aunque la propuesta es insuficiente respecto del reclamo sindical, en cuanto a la anulación de los topes y la fijación de pisos para las indemnizaciones. Como ese cambio pretendido requeriría una ley, se aceptaría la suba de topes.
Para Daniel Funes de Rioja, principal asesor de la UIA en temas laborales, subir los montos no soluciona el problema de la alta litigiosidad en el sistema si a la vez no se aprueba una ley para salvar la tacha de inconstitucionalidad que le hizo la Justicia a la ley actual, que pretendía anular la posibilidad de que los trabajadores litigasen contra sus empleadores. Para los empresarios, ese derecho se debe dar como opcional (se cobra de la ART o se va a un juicio), mientras que para la CGT un trabajador podría reclamar el resarcimiento por ambas vías.
FUENTE: La Nación
