El Ministerio de Planificación realiza un censo para determinar la deuda acumulada con los contratistas; podrían recurrir a la Anses Se acabó la plata. Lo que antes de las elecciones era una especulación pasó a ser una certeza después de los comicios. El Gobierno no tiene presupuesto para destinar a la obra pública. Y no sólo se trata de problemas para financiar nuevas obras, sino que ya no hay dinero disponible para pagar lo que ya está devengado. Entonces llegó la orden: buscar fondos de donde se pueda para poder rescatar uno de los bastiones del discurso kirchnerista.
Por estos días, y en el más estricto secreto, varios funcionarios del Ministerio de Planificación Federal apuran un censo mediante el que pretenden conocer a ciencia cierta cuál es la deuda que el Estado tiene con los contratistas de obra pública y cuánto más se devengará hasta fin de año. Vialidad Nacional, Agua y Saneamientos (AySA) y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) son algunos de los entes que han tenido que enviarles datos y cifras a los hombres de De Vido que están tras el censo.
Con el listado y los números en la mano -se cree que podrían llegar a algo más de $ 8000 millones-, empezará a construirse un orden de prioridad para pagar algunas obras con dinero de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y dar de baja otras que ya no se retomarán.
La sola mención de la confección de un censo llenó de temores a los contratistas. La historia no es benévola con este tipo de iniciativas, ya que muchas de ellas terminaron en la colocación de bonos públicos. "¿Podría terminar esto en la emisión de un bono?", preguntó LA NACION a un importante hombre de la obra pública. "Sí, seguro que terminará así. El tema es ver quién lo suscribe, es decir, quién lo compra", contestó.
Oficialmente, en el Gobierno niegan la existencia del censo, de la emisión de los bonos y de todo cuanto se le pregunte sobre la supuesta falta de dinero para la obra pública. "No hay nada de nada. No hay censo ni relevamiento", contestó una fuente del ministerio que dirige Julio De Vido.
Esquema previsto
Más allá de la desmentida oficial, LA NACION dialogó con otros tres funcionarios que reconocieron la inquietud oficial para sacar de la parálisis al sector. "Sí, se está trabajando duro para saber a quién y cuánto se debe. Paralelamente se verá cómo se puede financiar este monto, pero desde ya le adelanto que la única manera de poder fondear todas estas obras es con dinero de la Anses", contestó un funcionario que trabaja con este asunto desde hace varias semanas.
Aun sin tener el listado oficial de deudas y obras, el Gobierno ya tiene un esquema delineado. Una gran cantidad de obras viales e hídricas serán asignadas a la Unidad de Control de Fondos de Infraestructura (Ucofin), un organismo creado durante el gobierno de Fernando de la Rúa cuya finalidad fue separar una determinada cantidad de dinero para financiar obras estratégicas a largo plazo. Nada de eso se hizo.
En los últimos años, la Ucofin manejó varios fondos que no tuvieron demasiada incidencia en la infraestructura del país. El más importante de los que le tocó controlar fue el millonario fideicomiso del transporte de pasajeros, que no es para inversión en el sector, sino para gastos operativos.
FUENTE: La Nación
