El Gobierno autorizó a los proyectos que hayan solicitado la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) a empezar a importar con beneficios aduaneros aún sin estar aprobados y definió que las operaciones deberán ser gestionadas mediante la Dirección General de Aduanas (DGA).
La medida se dio a conocer mediante la Resolución 1358/2024, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, disponiendo la adecuación de los “Procedimientos para la implementación del RIGI” en función de “razones operativas”.
El presidente Javier Milei afirmó este martes en el marco de la cadena nacional por el primer aniversario de su gestión que el Gobierno recibió solicitudes de ingreso al RIGI por iniciativas que suman inversiones por USD 11.800 millones, pero sin dar mayores precisiones. Los seis proyectos informados oficialmente hasta el momento en minería, energía solar, petróleo y gas suman unos USD 7.800 millones.
Al explicar la decisión que se conoció esta mañana, la Resolución 1358/2024 detalló que “resulta necesario incorporar precisiones respecto de cómo debe proceder, ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el interesado que tramita su solicitud de adhesión al RIGI con relación a la adquisición de bienes destinados a su proyecto de inversión, desde la presentación de dicha solicitud hasta tanto ésta sea aprobada o rechazada, mediante acto administrativo que así lo establezca, en lo referente a las importaciones definitivas para consumo”.
De esta manera, se dispuso que “aquellas operaciones de importación a consumo de bienes de capital nuevos, repuestos, partes y componentes destinados al proyecto de inversión del Vehículo de Proyecto Único (VPU) que se efectuaren durante el plazo comprendido entre la fecha de interposición de la solicitud de adhesión al RIGI, y la fecha de emisión del acto administrativo correspondiente, deberán tramitarse ante la Dirección General de Aduanas (DGA)”.
Además, se especificó que el trámite se realizará con “la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) obtenida en los términos establecidos por ese organismo para ese período”.
Mientras que quedó estipulado que las importaciones se podrán llevar a cabo “gozando el interesado de los beneficios aduaneros previstos en el artículo 190 de la ley 27.742, incluidos el impuesto al valor agregado (IVA) y los demás tributos interiores con motivo de las operaciones en dicho artículo involucradas, bajo la condición de la aprobación futura de su solicitud, y en la medida en que haya constituido, con carácter previo y a tales efectos, la garantía correspondiente. En caso de rechazo de la solicitud de adhesión al RIGI, aquella será ejecutada.”
Por otro lado, la norma también consideró necesario establecer “un sistema de control sobre la ejecución del Plan de Inversión, a cuyos efectos el VPU deberá informar, con carácter de declaración jurada, las operaciones proyectadas y ejecutadas de su Plan de Inversión”.
Al respecto, dispuso que “el VPU adherido al RIGI deberá informar, dentro de los 10 primeros días de cada mes, con carácter de declaración jurada, el cronograma de las inversiones ejecutadas mensualmente ante la dependencia técnica específica en la materia del Proyecto RIGI de que se trate” junto con “el cronograma actualizado de las inversiones proyectadas”.
El esquema de incentivos fiscales y cambiarios que impulsó Milei tendrá sus primeros desarrollos en las provincias de Río Negro, Salta, Mendoza, Catamarca y San Juan.
El Gobierno espera que en las próximas semanas se sumen al menos una decena más de iniciativas al RIGI. Hacer algunas semanas la estimación oficial, detallada en documentos presentados por funcionarios ante inversores internacionales, era que podrían recibirse anuncios de inversión por USD 30.000 millones solo del sector energético y superar los USD 54.000 millones.
Una vez que los proyectos ingresan al sistema formal de adhesión del RIGI, comienza un proceso administrativo antes de su aprobación. Las tres secretarías coordinadoras del Ministerio de Economía (Energía y Minería, que conduce Daniel González; Producción, al mando de Juan Pazo; e Infraestructura, de Martín Maccarrone) derivarán a la Secretaría específica del sector del que se trate la inversión.
Una vez que la dependencia haga ese examen, el trámite pasará a un comité evaluador, con las tres Secretarías coordinadoras, más Hacienda, Finanzas, Administrativa y Jefatura de Gabinete, que determinarán si se aprueba el ingreso al régimen de beneficios cambiarios, aduaneros e impositivos.
Fuente: Infobae
