El diputado nacional Guillermo Durand Cornejo (PCP-Bloque Unión Pro) manifestó su preocupación por los proyectos de ley que presentaron los legisladores oficialistas Héctor Recalde y Juan Cabandié los cuales apuntan a modificar las leyes nacionales de Abastecimiento y de Lealtad Comercial bajo la premisa de hacer cumplir el programa de Precios Cuidados aunque con el peligro de llegar al desabastecimiento de productos en el mercado.
Ambos proyectos -que se encuentran en tratamiento en la comisión de Derechos del Consumidor- pretenden endurecer las penas a comercios cuando desde el gobierno se considere que quieren desabastecer, acaparar, especular o realizar agiotaje.
Durand Cornejo recordó al respecto que la ley de Abastecimiento, la ley nacional 20.680, ya estaba prácticamente en desuetudo desde que se quiso poner en práctica durante la presidencia de Isabel de Perón y no prosperó. “No prosperó porque resultó en un enorme prejuicio de los ciudadanos ya que lejos de lograr que bajaran los precios se logró un desabastecimiento total de productos e insumos de primerísima necesidad durante meses”, recordó el diputado.
Tan grave fue su efecto que dicha ley no pudo volverse a poner en práctica, a pesar de que no llegó a ser derogada. Tuvo otro intento durante el gobierno de Raú Alfonsín –con la hiperinflación- pero fueron tantos los reclamos de la ciudadanía que no prosperó.
“Ahora la situación de desgobierno que se evidencia con la inflación y con planes de supuesto control de precios es tal que, más que lograr que se bajen los precios de los supermercados, lo que logran es que la gente vaya a comprar ciertos productos y no los encuentre”, comentó Durand Cornejo y consideró que es ente contexto que tanto Cabandié como Recalde presentaron sendos proyectos para “repotenciar” estas leyes que estaban en desuso y que con ciertas modificaciones “dejan sin efecto garantías propias de nuestra Constitución”.
“El oficialismo pretende que, sin necesidad de juicio previo se puedan confiscar bienes, propiedades y negocios de personas, empresarios y comerciantes y aplicar multas severísimas sin derecho de apelación”, explicó. Y agregó que, bajo la excusa de una protección a los consumidores “pretenden con tamaña torpeza modificar estas leyes de una manera gravosa para la comunidad toda”.
“Esto es engañoso porque la mayoría de la población argentina no conoció los efectos de esta ley y no le ha tomado el peso a la gravedad que pueden tener”. En Salta, la Cámara de Comercio e Industria no dijo una palabra cuando a nivel nacional sí se manifestó muy en contra, al igual que la mayoría de las asociaciones del consumidor. “Sorprende entonces que esta cámara local no haya dicho nada de este proyecto tan grave para consumidores y comerciantes”, expresó Durand Cornejo, también presidente del Comité de Defensa del Consumidor (Codelco).
También resaltó que ahuyenta futuras inversiones: “Nadie invierte en nuestro país y después de leyes como esta, menos. Hay un descuadre total de la estructura jurídica”.
Para ello, el legislador adelantó que “en caso de aprobarse estos proyectos nos presentaremos a la justicia por ser anticonstitucional”. “Estas leyes están en desuso y no necesitamos que se las reviva por su mal precedente y mucho menos que se las exacerbe con toda esta carga represiva. Solo sirven para castigar a los consumidores”, concluyó.
