La decisión del gobierno nacional de eliminar la prohibición de utilizar certificados de exclusión para evitar percepciones en Ganancias e IVA a las importaciones definitivas es uno de los reclamos que el sector automotriz, como industria que produce, importa y exporta, venía trasladándole al Gobierno desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei.
Esta medida, que entrará en vigencia el 1 de marzo, busca eliminar lo que en la industria se denomina como “el doble IVA”, ya que se trata de una retención a cuenta de un 20% adicional al 21% de IVA que se paga por todos los productos. Además, también había una retención de Ganancias del 6% que también desaparecerá con esta decisión para todas las empresas que tengan saldos a favor.
Pero dejar de pagar este doble IVA y Ganancias no impactará en el precio de los autos, al menos no de forma directa, ya que las terminales automotrices lo absorbían como costos financieros de sus operaciones. “No sería bueno que se genere una expectativa equivocada y que la gente crea que por esta medida vayan a bajar los precios de los autos. Los fabricantes no los trasladábamos a precios. Era parte de la alta carga fiscal de la que siempre hablamos”, dijo una voz autorizada de la industria al conocerse la resolución publicada este viernes.
En cambio, en línea con esa argumentación, donde sí podrá tener un impacto positivo es en ganar mayor competitividad para las exportaciones, de las que tanto hablaron todos los ejecutivos del sector el último año.
Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, había dicho a Infobae algunos meses atrás: “Todavía falta el tema del doble IVA y Ganancias. Yo miro la industria hoy y veo que hay como 800 millones de dólares de crédito fiscal de doble IVA solamente. Ahí tenés uno o dos programas de producto de la industria trabados en esto. Entonces, al final del día, estas exportando ese tipo de impuestos, y tenés que sacarlos”.
Esa equivalencia que menciona el presidente de Ford se puede comprobar al compararla con los montos de las inversiones anunciadas por las terminales automotrices locales en los últimos dos años. Ford invirtió 660 millones de dólares en la planta Pacheco para el proyecto Ranger y la planta de motores; Stellantis anunció una inversión de 385 millones de dólares en Ferreyra, Córdoba, para fabricar la pick-up mediana Fiat Titano y una nueva línea de motores, y Renault anunció el año pasado otros 350 millones de dólares en Santa Isabel para la fabricación de su nueva pick-up compacta.
“Esta medida es sumamente importante ya que la suspensión vigente desde marzo de 2023 generó en muchos importadores una gran acumulación de saldos a favor por un ingreso en exceso del impuesto, que se vio significativamente desvalorizada por la situación económica del país frente a la inflación de 2023 y 2024 -sin posibilidad de actualización para su cómputo-. Esto implicó que las empresas debieran absorber significativas pérdidas económicas y financieras”, explicó la tributarista Yesica Baigorri, asociada de impuestos en LFS Tax ante la consulta de este medio.
La industria automotriz tomó la decisión del Gobierno como otra de las medidas que permitan dejar de exportar impuestos, porque aunque los créditos fiscales vinculados con exportaciones cuentan con un mecanismo independiente de recupero que no se vio suspendido, estas percepciones terminaban afectando la operación financiera de las compañías al ser parte del famoso “costo argentino”.
“Se dejará de acumular una gigantesca cantidad de pesos que el Estado percibía anticipádamente pero que las terminales, del mismo modo que todas las compañías que producen bienes y exportan parte de esa producción, no podían utilizar como crédito fiscal. Cuando vos producis pagas IVA, cuando importas pagas IVA, pero cuando exportas no, con lo cual, las empresas exportadoras tenían mucho dinero retenido que no podían usar porque la Resolución 5339 de 2023 así lo prohibía”, dijo otro ejecutivo de una importante marca automotriz, antes de recalcar que “las empresas estábamos sin liquidez. Para hacer inversiones teníamos que recurrir a créditos siendo que ese dinero nos lo habían retenido pero era nuestro”.
Aunque habrá un alivio en función de dejar de acumular crédito que no podrán recuperar, la decisión del Gobierno no incluye decisión alguna que modifique el régimen de devolución de los montos que, a decir de Galdeano, equivalen al costo de uno o dos proyectos industriales.
“Sería importante que la Administración Fiscal evalúe además, en el corto plazo, agilizar los trámites de devolución de saldos a favor -procesos que actualmente tienen una demora significativa de aproximadamente 2 años de resolución-, de manera tal de mostrar un compromiso con la legalidad y el cumplimiento de los impuestos, sin ir más allá con la mera recaudación, convirtiendo a los contribuyentes en sujetos obligados a financiar al Estado”, añadió Baigorri.
Fuente: Infobae
