El proyecto es implusado por el bloque del kirchnerismo. Diputados K proponen un borrón general de los registros en bancos de datos de riesgo crediticio para aquellos morosos que registren deudas inferiores a $ 10.000, una suerte de amnistía general que tiene en vilo al sistema financiero.
El proyecto establece también una reforma a la Ley de Hábeas Data (tampoco es la primera que hace el Congreso) por la que los bancos de datos deberán borrar todo registro de un moroso que haya cancelado su deuda, sin fijar el requisito que haya transcurrido algún plazo, como sucede en la actualidad. Además, el Banco Central y las entidades financieras deberán abstenerse de informar y registrar deudas que fueran inferiores al equivalente a dos salarios mínimos.
Así planteado, el proyecto juega como un peligroso blanqueo de deudores de montos bajos, que los autores asimilan con pymes, compra de electrodomésticos y usuarios de tarjetas de crédito, según ambito.com.
Pero también frena la posibilidad de mantener un registro de la conducta de deudores, lo que en cualquier país normal implica una suba de la tasa por mayor riesgo o directamente la negativa de las entidades a dar crédito o inclusive entregar plásticos para consumo.
Pero la intención de los firmantes, todos integrantes del bloque kirchnerista, no es asegurar las condiciones de riesgo del sistema financiero, sino liberar a los pequeños deudores, sobre todo en las provincias (así lo expresan en los fundamentos) de los registros negativos por deudas pagas o impagas que figuran en los bancos de datos y les impiden volver a endeudarse.
El proyecto no tiene el guiño público de la Casa Rosada, pero reúne todos los requisitos para avanzar con el apoyo oficialista.
El proyecto, entonces, propone:
«Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados por información adversa durante los últimos 5 años, aunque la obligación sea exigible». Es decir, aunque no se haya cancelado la deuda.
Para los casos de violación a la ley se podrá aplicar a los bancos apercibimiento, suspensión o multas de $ 10.000 a $ 5 millones, clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos.
Los bancos de datos deberán eliminar inmediatamente todo registro de deudas que hubieran sido canceladas sin establecer tiempo de espera. En la actualidad el plazo de permanencia de un registro negativo es de 2 años desde la cancelación del pasivo.
