En 2023, las tarifas de gas volverán a aumentar, pese a tratarse de un año electoral. La negociación entre el Ministerio de Economía y las empresas se centra en qué magnitud subirán y con qué frecuencia. Después de autorizar incrementos tarifarios muy por debajo de la inflación en los últimos tres años, ahora el Gobierno enfrenta la necesidad de reducir los subsidios energéticos para contener el gasto. Al mismo tiempo, debe subir los ingresos de las empresas para que ellas no se financien con el Estado porque no llegan a cubrir sus costos.
Durante la audiencia pública transcurrida hoy por internet para tratar el incremento tarifario del servicio de gas, las empresas distribuidoras y transportistas -entre las que se encuentran Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS- pidieron actualizaciones de sus ingresos de entre 135 y 283%.
El precio final de las tarifas de gas está compuesto por cuatro ítems: el valor del gas, el transporte a los centros de consumo, la distribución entre los hogares y los impuestos. Si se aprueban los aumentos que pidieron las empresas para los segmentos de transporte y distribución, las tarifas finales deberían aumentar por lo menos un 60%.
Además, el Gobierno quiere avanzar en una suba mayor para reducir los subsidios y aumentar el valor del gas que pagan los usuarios en las tarifas (actualmente es el 40% del costo real).
Para justificar sus pedidos, cada empresa mostró gráficos que muestran que, en los últimos tres años, mientras la variación de los salarios y los precios generales fue entre 296% y 315%, el Gobierno les autorizó incrementos de tarifas entre 60% y 76%. Además, apuntaron a los costos financieros millonarios que les genera el pago demorado del Estado (en casi un año en algunos casos) por los subsidios de la tarifa social.
“De los últimos 30 años desde que se otorgaron las licencias, el marco regulatorio estuvo vigente solo en 12, mientras que en los otros 18 años estuvo suspendido por leyes de emergencia”, dijo Rubén De Muria, responsable de la empresa transportista TGS, en su exposición, donde pidió una adecuación transitoria de 135%, desde febrero.
La mayor parte de la suspensión del marco regulatorio sucedió entre 2002 y 2016, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que decidieron mantener las tarifas congeladas hasta 2013, y luego otorgaron subas discrecionales, sin un parámetro de ajuste.
En 2017, la administración de Mauricio Macri buscó regularizar la situación al establecer una Revisión Tarifaria Integral (RTI) por cinco años, en los cuales las empresas se comprometían a realizar inversiones y el ente regulador fijaba incrementos semestrales atados a la variación del índice de precios internos al por mayor (IPIM). Sin embargo, en 2018, la misma gestión modificó el índice de ajuste y, en octubre de 2019, previo a las elecciones presidenciales, difirió el segundo aumento que correspondía en el año.
En diciembre de 2020, el gobierno de Alberto Fernández impulsó la ley de Solidaridad, que volvía a congelar las tarifas y suspendía la RTI. Entre 2021 y 2022, la Secretaría de Energía permitió un aumento de 60% en la tarifa de transporte de gas y dos subas anuales de 26% y 40% a las transportistas, muy por debajo de la inflación, que solo en 2022 fue de 95%.
La empresa transportista TGN solicitó, por lo tanto, un incremento de 148%. “Esta solicitud tiene como fundamento principal que la prestación del servicio se viene brindando en los últimos cuatro años con tarifas retrasadas en un contexto de incremento significativo de costos, producto de la alta inflación y devaluación del peso. Desde la suspensión de los ajustes tarifarios semestrales, la inflación medida por el IPIM fue de 473%, mientras que la tarifa solo reflejó una variación del 60%. Esto significa que los ingresos reales de TGN se redujeron a casi un cuarto, producto del retraso tarifario. Como consecuencia, TGN acumuló pérdidas operativas por $2981 millones y una pérdida total de más de $5500 millones durante los primeros nueve meses de 2022″, dijo Guillermo Aníbal Cánovas, responsable de la empresa.
Metrogas, la principal distribuidora del país, cuyo mayor accionista es YPF, también mostró el impacto del congelamiento tarifario en sus balances. “Si no aumentan las tarifas, el déficit total de la distribuidora este año ascendería a $40.157 millones. Con los ingresos, no se cubrirían los gastos corrientes y las inversiones necesarias que requiere el sistema. Los balances muestran cómo afecta negativamente a un servicio regulado la no actualización de sus ingresos de una manera razonable y a lo establecido en la licencia, que acompañe por lo menos el incremento inflacionario de sus costos”, indicó Sebastián Martín Mazzucchelli, representante de la distribuidora, que pidió una suba de 190% para su aplicación transitoria. El aumento implicaría un aumento en la tarifa final residencial de 49%.
Naturgy Ban, por su parte, indicó que “hay una necesidad impostergable de aprobar la adecuación transitoria de la tarifa de distribución de gas” y solicitó un incremento de 189% desde febrero.
“De los últimos 20 años, en 15 años hubo congelamiento tarifario. En los últimos dos, los incrementos otorgados fueron insuficientes. Todo ello provoca la grave situación que atraviesa el sector que afecta directamente la cadena de pagos, con riesgo de impactar en la calidad del servicio. Por lo tanto, se torna necesario e ineludible la aprobación de la propuesta de la tarifa transitoria. Si no se percibe el incremento solicitado, se podría ver afectado de manera directa de cadena de pagos a proveedores”, dijo José Luis Fernández Fontana, representante de la distribuidora.
Alejandro Pérez, por su parte, habló en representación de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas Sur, y pidió aumentos en las tarifas residenciales de 196% y 283%, respectivamente.
“Estos incrementos son para cubrir los costos mínimos de operación y mantenimiento, y para realizar las inversiones impostergables para la prestación del servicio en condiciones de seguridad. No incluyen rentabilidad para la compañía e implican la premisa que arranca en febrero y que serán ajustados según la variación del IMPI. Están pensados para que no se incremente la deuda de capital que tenemos con los productores. Cualquier porcentaje menor a esto va a ir en contra de eso”, dijo Pérez.
El ejecutivo señaló además el costo financiero en el que incurren debido al pago con retraso del Estado por la compensación de la tarifa social y de las entidades de bien público. “Hace un año que la compañía no cobra el subsidio de la tarifa social, por lo cual el Estado debe $7300 millones”, indicó, y señaló otras deudas que fueron acumulando.
Finalmente, Daniel Martini, director ejecutivo de Adigas, la cámara que reúne a todas las distribuidoras de gas, indicó: “Es necesario atender el pedido justo, razonable y asequible de nuestras asociadas por un incremento que recupere el valor de sus ingresos, en términos reales, al último índice tomado en la actualización tarifaria de abril de 2019 19, neto de los incrementos otorgados en junio 2021 y marzo 2022. Las distribuidoras necesitan, en esta transición, ingresos que les permitan continuar operando el servicio público”.
Fuente: lanacion.com.ar
