Pobreza, trabajo informal e inseguridad alimentaria
El informe muestra que el 67% de las infancias eran pobres en el primer semestre de 2024. Aunque hubo una baja en el segundo semestre por la desaceleración inflacionaria y la suba de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA), la inseguridad alimentaria continuó en niveles críticos.
En términos regionales, el AMBA mostró los mayores niveles de inseguridad alimentaria desde 2017, aunque en 2024 el interior del país registró un aumento y se acercó a los números del conurbano bonaerense, 36% y 35%, respectivamente.
La escolaridad también aparece como un factor protector: los hogares con al menos un niño o niña con déficit educativo (deserción o sobre edad) tuvieron niveles significativamente más altos de inseguridad alimentaria. “Esta diferencia podría explicarse por múltiples factores: la escolarización suele estar asociada al acceso a comedores escolares y otros recursos del sistema educativo, así como a una mayor integración social y contacto con redes de contención y cuidado”, explican.
A partir de 2020, la brecha entre ambos grupos se amplía, lo que podría estar reflejando un deterioro más marcado en las condiciones de vida de quienes quedan excluidos del sistema educativo.
Otro factor clave para la inseguridad alimentaria es el tipo de empleo que tiene el jefe del hogar. La inseguridad alimentaria no es estática: más de la mitad de las infancias la atravesaron en al menos un año entre 2022 y 2024. El 14,8% sufrió inseguridad alimentaria crónica y otro 9,2% empeoró, mientras que solo el 44,5% se mantuvo libre durante los tres años.
Los hogares en situación de empleo precario, subempleo o desempleo y los hogares con condición de inactividad registran los niveles más altos de IA, con un incremento especialmente pronunciado a partir de 2018. En el caso de los primeros alcanzan picos de 43% en 2019, 49% en 2020 y 51% en 2024, mostrando que resultan los hogares más afectados por la IA en el período reciente. Esta tendencia confirma la fuerte asociación entre la inestabilidad laboral de los adultos y el acceso limitado a una alimentación adecuada.
En el extremo opuesto, los hogares con empleo pleno muestran los niveles más bajos de inseguridad alimentaria. No obstante, estos se mantienen en torno al 10%, lo que sugiere que incluso en contextos de empleo formal o estable, existen sectores que enfrentan dificultades estructurales para garantizar condiciones de vida adecuadas.
El impacto de la AUH y la Tarjeta Alimentar
El informe del ODS-UCA confirma que las transferencias de ingresos como la AUH y la Tarjeta Alimentar tienen un efecto protector: reducen la inseguridad alimentaria en 0,81 puntos en la escala del índice. Sin embargo, su impacto es limitado frente a la precariedad laboral estructural.
Entre 2022 y 2024, el 14,8% de los chicos y chicas sufrió inseguridad alimentaria crónica, otro 9,2% empeoró y solo el 44,5% se mantuvo libre de esta problemática durante los tres años.
“Comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas públicas que enfrenten tanto las urgencias actuales como las causas profundas de la inseguridad alimentaria”, concluyen los investigadores.
Desde el ODS-UCA advierten que las transferencias como la AUH y la TA deben articularse con políticas de empleo inclusivo, desarrollo infantil temprano y alimentación escolar para mitigar el riesgo alimentario y garantizar el derecho a una alimentación adecuada.
