“Hay numerosas operaciones que requieren una declaración de ingresos de un contador y certificada por los consejos profesionales. Son estos trámites los que queremos terminar. Que cada persona pueda usar libremente su dinero y que en todo caso sean los organismos de control, como ARCA, los que hagan el trabajo de buscar a quienes son realmente delincuentes”, explicó un alto funcionario a este medio.
“Como todos los ciudadanos están bajo sospecha y deben demostrar el origen de sus fondos, la responsabilidad de controlar también se la delegó al sector privado”, critican.
Así, para comprar un auto, un inmueble, o transferir dinero al exterior hay que certificar el origen de los fondos y, aclaran “la nueva normativa permitirá buscará que los fondos puedan ser utilizados libremente y si hay sospechas del origen de la procedencia, serán los organismos de control quienes deberán hacer su tarea”, puntualizan.
La letra chica de la normativa estará en sintonía con las normas que prevén el lavado de dinero, señalaron a este medio fuentes gubernamentales. Es decir, se seguirán las directivas del GAFI -Grupo de Acción Financiera Internacional-, la organización intergubernamental que establece estándares internacionales para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
