Luego de la derogación de la polémica resolución 125 no hay certezas de que los planteos judiciales vayan a terminar. Especialistas aseguran que las potestades fiscales son competencia del Congreso, por eso creen que los ruralistas seguirán cuestionando esos tributos
Todo parece indicar que la derogación de la resolución 125 no concluirá los planteos judiciales contra las retenciones móviles. Sucede que, al rechazar el proyecto de ley enviado por el Gobierno, el Congreso no validó la delegación legislativa que autoriza al Ejecutivo a establecer alícuoas de derechos de exportación.
La negativa del Legislativo no sólo hirió de muerte a esa resolución; también arremetió y selló la suerte de la “delegación legislativa”, una facultad consagrada en el Código Aduanero y por la que se autoriza al Ejecutivo a establecer los montos y fijar las alícuotas de las retenciones. Ocurre que el proyecto de ley enviado por la Casa Rosada contemplaba no sólo la ratificación de la resolución dictada por el ex ministro de Economía, Martín Lousteau, sino también la ratificación de la delegación de facultades en el Ejecutivo para fijar retenciones.
Juan Pedro Merbilhaa, abogado de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), afirmó que desde la entidad que asesora “van a iniciar juicios por inconstitucionalidad de todo el régimen de retenciones”. Merbilhaa dijo que el principal objetivo que se persigue con este tipo de acción declarativa de inconstitucionalidad es "la institucionalización del país" y que "se vuelva al Estado de derecho porque el Ejecutivo no puede ejercer una facultad que es propia del Congreso, como es el establecimiento de los impuestos".
Daniel Sabsay, abogado constitucionalista, precisó que “parece que (los gobernantes) no se han enterado que el Congreso rechazó no sólo la resolución 125 sino también el esquema de delegación legislativa instaurado por el Código Aduanero”.
“Con motivo del decreto del Ejecutivo y de las resoluciones ministeriales -publicadas este lunes- se inició un proceso de limitación de los efectos que acarreaba la resolución 125”, dijo Gregorio Badeni, abogado constitucionalista. El letrado advirtió que “esa situación es constitucionalmente anormal porque el poder Ejecutivo prosigue ejerciendo potestades fiscales que son de competencia exclusiva e indelegables del Congreso”.
