Habrá un veraz laboral, una unidad especial de inspectores, un sistema de beneficios a pymes y la regulación federal. Desde el Gobierno dijeron que resta pulir los últimos detalles.
El Ejecutivo nacional terminó de delinear los principales ejes de la ofensiva contra el trabajo no registrado. Entre ellos se realza la creación del “veraz” laboral y de un cuerpo especial dedicado al control de evasión laboral en todo el país. “Estamos trabajando para pulir los últimos detalles”, le confirmó anoche una fuente del Gobierno a BAE. Para el anuncio oficial sobre el nuevo andamiaje restan algunas horas y no se descarta que tenga lugar la semana próxima en el ámbito de la Comisión de Empleo del Consejo del Salario.
Cuando la presidenta Cristina Fernández dio a conocer el incremento del 25% en el salario mínimo y la quita de Ganancias para la primera cuota del aguinaldo, realzó el objetivo de luchar contra el trabajo ilegal para “incorporar a todos los argentinos” al segmento del trabajo en blanco. Allí la mandataria requirió del apoyo de empresarios y gremios para cerrar filas en pos de esa ofensiva. Incluso, terminado ese acto en el Ministerio de Trabajo dialogó varios minutos con representantes de los empleadores y los sindicatos sobre esa meta y también acerca de la “competitividad”.
Como anticipó este diario la semana pasada, el eje troncal de la estrategia del Gobierno tiene cuatro puntos básicos:
Veraz laboral
Se prevé la creación de un registro nacional de empleadores. Su constitución no sólo abarcará el incremento de sanciones sino también para avanzar hacia una concientización, que aumente la condena de la opinión pública ante lo que se constituye como un fraude laboral. Una fuente del Ejecutivo deslizó: “Incrementar una pena para el infractor apunta a lo inmediato. Cambiar la consideración social sobre el perjuicio del trabajo ilegal debe ser una labor con plazo extendido y sin pausas”.
“Buró” federal
Más allá de que de la veintena de inspectores con la que contaba el Ministerio de Trabajo en 2003 a los más de 400 que revistan en la actualidad, el Gobierno consideró decisivo incrementar la cantidad de agentes dedicados “específicamente” a controlar la evasión laboral, sobre todo considerando las diferentes características de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en lo que a demografía y población activa. De allí que se conformará una unidad especial con injerencia federal para investigar caso por caso, ante la posible comisión de subcontratación ilegal.
Doble efecto
Quienes trabajaron para definir el nuevo esquema de fiscalización laboral realzan un punto que consideran “distintivo”. Por un lado, incrementar el aspecto “punitivo”, pero al mismo tiempo poner en marcha un plan de incentivos destinado puntualmente hacia las pequeñas y medianas empresas productivas, que es donde se registran los mayores índices de irregularidad.
Organización sustentable
Al mismo tiempo que se fueron definiendo el orden de prioridades y la tónica, volcando ese esquema sobre el mapa del territorio nacional, aparecieron requisitos exigentes. Por un lado que Nación tenga mayor injerencia y por consiguiente respaldo a las diferentes provincias que ven acotadas sus posibilidades de control en rigor de limitaciones presupuestarias. Dentro de la concepción federal también se priorizó establecer que esa injerencia se sustente dentro del esquema legal. De allí que el concepto de cuerpos especiales de inspectores y registros son dos elementos primordiales del andamiaje que se presentará en los próximos días, con respaldo de empresarios y la CGT que lidera Antonio Caló.
Tópicos sobre una cuestión de fondo
El pasado 5 de marzo el ministro Carlos Tomada encabezó un acto en la sede de FATPREN. Allí deslizó que no podía revelar detalles “pero se estaba trabajando en nuevos esquemas contra el trabajo ilegal”. Desde aquella noche, en la que el ministro tuvo que anunciar al auditorio la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez, hubo labor continuada en Trabajo.
Para el diputado Héctor Recalde la mejor estrategia está en unir vectores en pos del objetivo que realzó Cristina en el consejo del salario. De allí que el abogado laboralista también espera que prospere su inquietud para reducir la jornada laboral de 48 a 45 horas. “En ese punto hay un beneficio crucial. Además de combatir el trabajo no registrado, se generarían cerca de 200 mil puestos de trabajo”. Tanto Recalde como la CGT de Caló, en especial UOM y SMATA, avalan la lucha contra el trabajo ilegal y así se lo expresaron a la Presidenta.
Fuente: Luis Autalán, diario BAE
