A pesar de las críticas deslizadas por los distintos bloques de la oposición, el oficialismo logró aprobar el proyecto que plantea reformas en la ley de riesgos de trabajo por 41 votos contra 19. La iniciativa, que fue girada a Diputados para su sanción definitiva, fue tildada por inconstitucional y calificada como un retroceso en materia de derecho de los trabajadores.
Por su parte, la senadora Sonia Escudero (bloque justicialista 8 de octubre), lamentó que “no se avance en la prevención de los accidentes de trabajo y que la norma deja afuera de toda protección a 8 millones de trabajadores informales”. Afirmó que la norma configura un retroceso en los avances de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia.
La senadora Escudero observó que la iniciativa “obliga a los jueces a ajustarse a una tabla de incapacidades y a un listado de enfermedades profesionales, lo que está en contra de lo dispuesto por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con rango constitucional en nuestro país, que ordena a los Estados aparte avanzar de la manera más expedita y efectiva posible hacia la plena realización del derecho de trabajo. Esto se conoce como principio de progresividad. En este caso el proyecto adopta medidas regresivas”.
Cuantiosas ganancias de las aseguradoras
Por otra parte, llamó la atención en relación con las cuantiosas ganancias de las aseguradoras de riesgo de trabajo “primas hermanas de las AFJP” que a pesar de pagar exiguas indemnizaciones tuvieron una recaudación millonaria en los últimos años. “En el año 2011, las ART recaudaron $12.708 millones. Este año van camino a recaudar $20.000 millones. El 75% de la actividad se concentra en apenas 8 firmas (de un total de 24 empresas)”, advirtió.
“El proyecto del Ejecutivo se centra en discutir cuál es la tarifa y no se ocupa de cómo prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales”, se quejó por otra parte la senadora Escudero. La legisladora comparó los índices de accidentes fatales: “en una comparación internacional, la Argentina tiene índices de accidentes fatales que superan varias veces lo de los países desarrollados. La tasa de fatalidad, según el Ministerio de Trabajo, es de 6,2 cada mil trabajadores, contra 2,7 muertes cada mil trabajadores en los países desarrollados”.
“Otros estudios internacionales –agregó la legisladora- calculan para la Argentina una tasa de fatalidad de 14,5 cada mil trabajadores, teniendo en cuenta no sólo los accidentes directos en el trabajo, sino también las enfermedades profesionales. Si tomamos este dato, nuestro país tiene un índice de fatalidad que es 5 veces la de los países desarrollados”.
Por último criticó los tiempos impuestos por el oficialismo para el tratamiento de la norma. “Es el consenso y el debate arduo lo que legitima y garantiza la permanencia de las leyes en el tiempo. Algo que no ocurrió con esta reforma largamente esperada. Una vez más se perdió la oportunidad de dictar una norma nacida del consenso. Todo por imperio de la mayoría”, reflexionó la legisladora. Al respecto citó un trabajo académico sobre los tiempos de tratamiento de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo: “durante el gobierno de Carlos Menem el tiempo promedio de tratamiento era de 6 meses y medio; durante el gobierno de Néstor Kirchner 4 meses; y durante el mandato de Cristina Fernández sólo 2 meses, con el récord de la estatización de la ex imprenta Ciccone, convertida en ley tan sólo 15 días después de su ingreso”.
“Debemos recuperar el debate. Debiéramos habernos tomado el tiempo para debatir una ley tan importante que apunta, nada más y nada menos que a proteger los derechos de los trabajadores y de las empresas”, concluyó la legisladora.
Fuente: Parte de Prensa
