El Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación el Proyecto de Presupuesto 2010 para el Sector Público Nacional (SPN) que, a grandes rasgos mantiene los lineamientos en materia de política presupuestaria de los presentados en los últimos 5 años.
Para el año próximo se continúa con la política de pronosticar crecimiento económico e inflación menores a los esperados, con el objeto de subestimar los ingresos tributarios y de esta forma, financiar futuros aumentos de gasto en forma discrecional mediante la aplicación de los superpoderes del Jefe de Gabinete (es decir, sin intervención del Congreso).
La recaudación total del Sector Público Nacional está presupuestada en $353.724 millones estimándose un crecimiento del 16.2% respecto al 2009. De este total, el Sector Público Nacional recibiría el 76,3%, quedando el 23,7% restante en manos de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Las transferencias automáticas a provincias están presupuestadas en $83.655 millones. No obstante, estimamos que las mismas se elevarían a $86.800 millones.
• Por su parte, el Fondo Federal Solidario, que coparticipa el 30% de las retenciones totales de las exportaciones al complejo sojero, está presupuestado en $6.454 millones. Este monto representaría un aumento del 116,3% respecto a lo percibido en 2009, al contar con un trimestre más de coparticipación.
• En tanto, los recursos coparticipables afectados a cumplimentar los compromisos asumidos en la Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.017, ascenderían a $10.973,8 millones, 55% más que el monto afectado durante el 2009 ($7.090,7 millones).
• Además de las transferencias de recursos coparticipables, cuya distribución es automática, la Nación gira a las provincias otros recursos afectados a la ejecución de obras públicas viales, escolares, programas sociales para atender necesidades básicas, laborales y alimentarias.
Estos programas, básicamente son ejecutados por los tres ministerios estratégicos del actual Gobierno: el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
• Los principales programas del Ministerio de Planificación comprenden transferencias por un total de $9.647 millones, de los cuales 23% son destinados a la Provincia de Buenos Aires. La mayor parte de estas transferencias están destinadas a atender el déficit habitacional, escuelas y obras viables.
• En tanto, los principales programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Desarrollo Social corresponden al “Plan Jefes de Hogar”, que para el 2010 está presupuestado en $626 millones, $374 millones por debajo de lo presupuestado en 2009.
Asimismo, los programas de “Seguro de Desempleo” y “Acciones de Empleo”, están presupuestados en $480 millones y $860 millones, respectivamente. En tanto, el programa “Seguridad Alimentaria” programa totalizaría $1.122 millones cifra similar al del ejercicio 2009.
• Otro gasto a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, corresponde a las transferencias a provincias para afrontar el déficit de las cajas provisionales provinciales no transferidas así como de las transferidas a la órbita nacional. El proyecto de presupuesto 2010 prevé girar un total de $7.028,2 millones. Esta partida representaría un incremento del 48,2% (+2.057,8 millones) respecto a lo presupuestado en el último ejercicio ($6.328
millones).
• Respecto a los fondos transferidos para complementar los salarios docentes, el proyecto de presupuesto para el 2010 prevé repartir, entre el FONID y el Fondo Compensador, un total de $2.215,5 millones, $107,2 millones más respecto al presupuesto 2009 (+5,1% interanual).
• Por otra parte, se manifiesta la posibilidad de que el Ministerio de Economía refinancie las deudas de las provincias concertadas con la Nación, incluyendo Bogar, y la posibilidad de que el FFDP financie gastos corrientes y déficit de provincias.
• En este sentido, el proyecto de presupuesto contempla un monto global de $11.870 millones para el Programa de Asistencia Financiera (PAF) a cargo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. A diferencia de lo ocurrido en los últimos años muy probablemente el Programa financiará, además de los servicios de la deuda, parte del déficit fiscal o gastos corrientes de las provincias.
Análisis
El Poder Ejecutivo Nacional envió recientemente el Proyecto de Presupuesto 2010 para el Sector Público Nacional (SPN) al Congreso de la Nación. A grandes rasgos, se mantienen los lineamientos en materia de política presupuestaria de los proyectos presentados en los últimos 5o años.
En este sentido, para el año próximo se continúa con la política de pronosticar crecimiento económico e inflación menores a los esperados, para subestimar los ingresos tributarios y de esta forma, financiar futuros aumentos de gasto en forma discrecional mediante la aplicación de los superpoderes del Jefe de Gabinete (es decir, sin intervención del Congreso).
De acuerdo con nuestras estimaciones, el proyecto presupuesto 2010 reflejaría una subestimación del crecimiento del PBI Nominal y de precios de por lo menos 10,1 y 9,2 puntos porcentuales, respectivamente.
Por el nivel de crecimiento del producto y el aumento del índice de precios previstos en el Proyecto de Presupuesto, la recaudación total de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social alcanzaría a $353.724 millones. Esta cifra implicaría un crecimiento nominal del 16.2% respecto al 2009.
El aumento de la recaudación nacional respondería al crecimiento de la actividad económica, al crecimiento del nivel general de precios, a las mayores remuneraciones percibidas, y al mejor dinamismo del comercio exterior.
En términos desagregados, se observa que la mayor contribución al crecimiento sería aportada por los Derechos de Exportación ($43.117 millones), producto de la fuerte recuperación en los saldos exportables del sector agroexportador. Las retenciones generarían el 22.5% del incremento total, incrementando su participación en el PIB en un 0.6%.
En 2do. lugar se ubicaría el Impuesto al Valor Agregado (20.8%) y luego el Impuesto a las Ganancias (9.2%). De esta manera, estos tres tributos concentrarían el 56% del total recaudado y el 16% del producto nacional.
Una de las consecuencias del crecimiento esperado en las retenciones, es el mayor peso relativo de los impuestos distorsivos en el total recaudado. Agregando el otro tributo distorsivo (Impuesto al Cheque), se obtiene que cerca del 20% de la recaudación se obtiene impartiendo costos de eficiencia sobre la actividad económica.
En términos monetarios, la suma asciende a $66.663 millones, expandiéndose un 26% en forma agregada y concentrando el 5.3 del PIB. Como dato ilustrador, se destaca que en 2002 (cuando se restituye el cobro de las retenciones), los impuestos distorsivos apenas representaban el 2.2% del PIB.
Respecto a las tasas de crecimiento, la mayor variación la presentaría el Monotributo (+36.3% i.a.), lo cual hace suponer que el Gobierno Nacional descuenta la aprobación del proyecto de ley que introduce fuertes subas en los aportes de los contribuyentes adheridos al régimen.
En segundo lugar, se ubicarían las retenciones a las Exportaciones (+34.7%), seguido del otro tributo ligado al comercio exterior (Derechos de Importación), los cuales se incrementarían un 33.2%, aunque partiendo de una baja base de comparación interanual, dado que en 2009 presentarían una caída del 6%.
En tanto, el gravamen que presentaría la peor performance sería Ganancias (+8.3%), debido a los menores aportes que realizarían las empresas producto del desplome en los niveles de utilidad del ejercicio 2009.
Si bien no se prevén modificaciones en la estructura de los principales tributos (tanto en los niveles de las alícuotas como en las bases imponibles de los tributos), tendría lugar un nuevo incremento en la presión impositiva, dado que la misma pasaría del 27.1% del producto en 2009 a un récord del 28.3% en 2010, elevándose así 1.2 punto la presión impositiva sobre los contribuyentes (sin contar los gravámenes de carácter subnacional).
A pesar de no implementarse modificaciones en la estructura de los principales gravámenes, el mayor ritmo de crecimiento de la recaudación (16.2%) respecto al PIB Nominal (11.4%) daría lugar al incremento en la presión tributaria total del SPN, sosteniendo la tendencia observada desde la salida de la Convertibilidad.
En efecto, desde 2003 se observa un suave pero sistemático crecimiento de la presión impositiva, pasando del 16.1% en 2002 al 28.3% en 2010 y observando un incremento anual promedio de 1.5 puntos del producto. Nótese que los tributos ligados al comercio exterior pasaron de concentrar el 2% al 4.3% del producto durante el período en cuestión, explicado en gran medida por el fuerte crecimiento de las retenciones a las exportaciones.
No obstante, de estar subestimado el cálculo del PIB Nominal para el ejercicio 2010, la presión tributaria efectiva sería inferior, incluso contemplando una mayor recaudación para el período, como se observa en la tabla a continuación.
Respecto a lo presupuestado para los tributos más significativos, prevemos una mayor recaudación en IVA (tanto a nivel interno como el ligado a las importaciones), también incrementos en el impuesto a las transacciones financieras (cheques) y en el impuesto a las naftas, compensado con menores recaudaciones por los tributos ligados al comercio exterior (derechos de importación y exportación). Si bien estos últimos presentarían una fuerte expansión respecto a 2009 (+$11.700 millones), sería algo inferior a lo previsto por el Gobierno
Nacional.
En efecto, la recaudación adicional de $4.500 millones no permitiría siquiera
mantener los niveles de presión tributaria observada en 2008 (26.1%) y 2009 (27.1%), cayendo a un ratio del 25.3%.
A la hora de evaluar la distribución de la Recaudación Tributaria y las Contribuciones, se observa que el Sector Público Nacional recibe un 76.3% del total recaudado, quedando el 23,7% restante en manos de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Implícitamente, se asume que el Gobierno Nacional consigue prorrogar los gravámenes que caducan el 31 de diciembre de este año (Impuesto a las Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, el Impuesto a los Cigarrillos, al Cheque, y a los Bienes Personales). Sin contar el gravamen sobre los cigarrillos, los impuestos a prorrogarse representan un volumen superior a los $88.000 millones de acuerdo al proyecto, de los cuales $34.100 millones se coparticipan a las provincias.
Las transferencias automáticas a provincias (23.7% del total), representan unos $83.654 millones y corresponden en un 83% a la distribución de IVA (50%) y Ganancias (33%). El 17% restante, corresponde básicamente a Impuestos Internos Coparticipados, Créditos y Débitos Bancarios (ambos un 4%), Bienes Personales y Impuesto a las Naftas (un 3% cada uno).
Al observar la distribución de los impuestos entre los distintos niveles de Gobierno, se advierte que las Provincias son las claras perdedoras en el actual esquema de asignación de los recursos coparticipables.
Según la Ley de Coparticipación N° 23.548, modificatorias y complementarias, la distribución debería ser un 57.36% para las provincias y un 41.64% para el Gobierno Nacional, lo cual se verifica únicamente para el caso del Impuesto a los Bienes Personales (que incluso es superior al 57% porque se computan transferencias destinadas al financiamiento de las Cajas Previsionales no transferidas a la Nación).
Para el resto de los tributos, la participación provincial va de un máximo de 53.8% (Impuesto a las Naftas) hasta un mínimo de 0% como en el caso del Impuesto al Gasoil y otros impuestos a los combustibles.
Por otra parte, si se analiza la distribución de los recursos entre la Nación y las Provincias en base al cumplimiento de la garantía del 34% establecida en el artículo 7º de la Ley Nº 23.548, modificatorias y complementarias, se advierte que sobre una recaudación proyectada en concepto de impuestos y aduanas (sin computar los recursos de Seguridad Social) de $264.688 millones, las provincias6 percibirían (incluyendo los recursos del FEDEI, Energía Eléctrica y FONAVI) unos $82.029 millones, es decir, menos del 31% del total recaudado.
No obstante, si se incluyen las transferencias del Fondo Federal Solidario ($6.300 millones), las transferencias totalizarían $88.330 millones, equivalente al 33.4% de lo ingresado, dejando de percibir $1.664 millones durante 2010 (por el incumplimiento de la garantía).
En base a la recaudación estimada en el Proyecto de Presupuesto ($353.724 millones), las transferencias automáticas por coparticipación a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ascenderían a $83.654 millones durante 2010, lo que representaría un crecimiento del 11.9% ($8.880 millones adicionales) respecto al total proyectado para 2009 ($74.775 millones).
Incluyendo los giros correspondientes al Fondo Federal Solidario (FFS), cuya distribución también presenta un carácter automático, las cifras coparticipadas se incrementan a $90.109 y $77.758 millones, respectivamente, llevando la tasa de expansión interanual al 15.9% (+$12.350 millones).
No obstante, como consecuencia de la subestimación del crecimiento económico y de la inflación prevista para 2010, la recaudación efectiva resultaría probablemente superior, de modo que los recursos automáticos girados por la Nación serían mayores a los presupuestados.
En efecto, corrigiendo la tasa de inflación y el crecimiento del producto, la recaudación total (incluyendo los recursos del sistema de seguridad social) ascendería a $358.210 millones (+18.9% i.a.), en tanto que las transferencias llegarían a $86.798 millones, es decir, un 3.8% superiores a las estimadas en el proyecto de presupuesto ($3.143 millones adicionales) y un 16.4% mayores a las transferidas a lo largo del ejercicio 2009 ($12.237 millones adicionales).
Para finalizar el análisis de la coparticipación federal, se incluye un cuadro resumen con los recursos que resignarían los estados subnacionales durante 20109, producto de las diversas modificaciones introducidas al esquema de coparticipación de recursos, que han beneficiado al Gobierno Federal en detrimento de las provincias. Puesto en otras palabras, representa el costo fiscal que deben afrontar las provincias por las deficiencias estructurales del Federalismo Fiscal Argentino.
Fuente: Región Norte Grande
